Culiacán, Sin.- Este fin de semana, en redes sociales se cuestionó lo que fue considerado con un acto que atenta contra la libertad de expresión de parte de las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa al difundirse un oficio en el que se notifica a un docente que se le ha iniciado procedimiento administrativo-laboral en su contra por declaraciones difundidas en un medio de la localidad.
En dicho oficio, dirigido al docente de la Facultad de Estudios Internacionales, Jorge Ibarra Martínez, se le notifica que se inició el procedimiento administrativo de conformidad a lo que establece en la cláusula 93 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente para el personal de la casa Rosalina y se le instruye para que este martes 3 de septiembre en punto de las 10 horas se presente ante el abogado José Alfredo Peinado Parra en el domicilio de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la misma Universidad.
En el documento se le advierte que, de no presentarse, la audiencia se realizará en su ausencia ya que se ha iniciado una investigación administrativa de carácter laboral en su contra, la cual se inició de oficio en su contra a raíz de las declaraciones vertidas por el docente y publicadas el 29 de agosto y una más con fecha anterior del 15 de agosto, ambas del presente año.
En ambas publicaciones, se le hace mención a Ibarra Martínez que publicó en la sección Opinión de un medio impreso de la localidad en el que hace señalamientos en contra de las autoridades universitarias; la primera publicación, con fecha 29 de agosto, se tituló “Autoridades de la UAS en posible Asociación Delictuosa” y la segunda de fecha 15 de agosto, se tituló “Los tentáculos del narco alcanzan a la UAS”.
Por ello, mediante el oficio LA/ACADEMICO/16/2024 se le apercibe al docente Jorge Rubén Ibarra Martínez que, de no presentarse en la fecha, hora y lugar precisado en el documento, la audiencia se realizará aun en su ausencia salvo impedimento legal que lo justifique de conformidad con lo que marca el Contrato Colectivo de Trabajo.
Ante lo que se ha considerado una violación al derecho de libre expresión, algunos universitarios se han manifestado en contra del actuar de la autoridad Universitaria, como es el caso del Diputado Local Sergio Mario Arredondo, quien se manifestó a través de sus redes sociales cuestionando el proceder de las autoridades universitarias.
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