Culiacán, Sin.- Con 30 votos a favor y seis en contra, el Congreso de Sinaloa avaló la reforma constitucional enviada por el Senado que propone eliminar funciones de siete organismos autónomos y transferirlas al Poder Ejecutivo Federal.
Entre los cambios más destacados están la transferencia de facultades en telecomunicaciones y radiodifusión, competencia económica y regulación energética, áreas que quedarán bajo control directo de dependencias federales.
La reforma también impacta al sistema de transparencia y acceso a la información pública, modificando los mecanismos de revisión y protección de datos personales, así como a los sectores energético y educativo.
Instituciones como el INAI, IFT, Cofece, Coneval, entre otras, cederán sus responsabilidades a secretarías como Economía, Función Pública y Energía, en lo que se considera una de las reformas más significativas de los últimos años en la estructura del Estado mexicano.
Apoyo
En el debate, el diputado Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, del Partido Verde Ecologista de México, defendió la reforma aclarando que los órganos no desaparecen, sino que se transforman, ya que lo que se busca es evitar la duplicidad de funciones.
Por parte del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Juana Minerva Vázquez González, enfatizó que la transparencia y rendición de cuentas no dependen exclusivamente de un órgano autónomo, por lo que explicó que la reforma busca cinco objetivos principales: eliminar la duplicidad de funciones, reasignar recursos a áreas prioritarias como Salud y Educación, fortalecer la administración pública, aplicar la austeridad republicana y acercar los servicios al pueblo.
En contra
Por su parte, el diputado Jorge Antonio González Flores, del Partido Acción Nacional, manifestó que la reforma representa un retroceso histórico sin precedentes, y señaló que los órganos autónomos fueron creados para proteger a las y los ciudadanos de los abusos del poder y las injusticias.
La diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del PRI, centró su intervención en la defensa del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), argumentando que su desaparición dejaría a las y los ciudadanos sin herramientas fundamentales para exigir transparencia, destacando el papel del Instituto en destapar casos de corrupción y enfatizó que estas instituciones son resultado de décadas de lucha ciudadana, no un regalo del gobierno.
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