
Culiacán, Sin.- Este lunes el Congreso del Estado presentó siete iniciativas de ley en materia de igualdad sustantiva con las que la actual Legislatura espera avanzar en el tema y poder prevenir, atender y erradicar la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas.
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, señaló que aunque en Sinaloa ya se han logrado avances importantes en este tema con el apoyo del gobernador Rubén Rocha Moya, todavía hay mucho por hacer para garantizar los derechos de las mujeres.
Entre las propuestas destaca la reforma a la Ley Orgánica del Congreso para incluir lenguaje inclusivo y perspectiva de género. También se busca crear la “Unidad de Género del Congreso”, que trabajará en conjunto con la sociedad civil para garantizar que el Legislativo sea coherente con lo que exige afuera.
“Acordamos nosotros y nosotras como diputados locales que la mejor manera de honrar este 25 de noviembre era con un paquete de iniciativas que vayan encaminadas a la sanción, previsión y a la atención de la violencia contra las mujeres aquí en Sinaloa”, agregó.



Otra iniciativa plantea modificar la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos para considerar como falta grave el incumplimiento de la igualdad sustantiva en los nombramientos de funcionarios y funcionarias. Además, se busca que quienes cometan esta falta no puedan aspirar a cargos de elección popular.
En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las propuestas incluyen fortalecer los Centros de Justicia para Mujeres y sus Unidades de Atención, así como normar la Alerta de Violencia de Género para obligar a todas las autoridades, incluyendo el Congreso, a implementar medidas extraordinarias contra la violencia hacia las mujeres.
También se busca institucionalizar el Programa Económico para Mujeres en Condición de Vulnerabilidad, que actualmente otorga 4 mil pesos a mujeres violentadas para que puedan acceder a apoyo psicológico, jurídico y laboral. La idea es incluir este programa en la ley para evitar que futuras administraciones lo eliminen.
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