Guasave, Sin.- El juez quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, Enrique Parada Seer, concedió un amparo que contempla la suspensión provisional para efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, evitando el cierre del Tribunal Unitario Agrario No. 27A, ubicado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, así lo dieron a conocer en conferencia de prensa abogados pertenecientes al Bloque Regional de Abogados.
Efraín Ibarra Espinoza, dirigente del Bloque, explicó que esta medida significa que no cese en sus funciones el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27A y que no remita al Tribunal Agrario 27, en Guasave, los expedientes que atienden en aquella región evitando así que se carguen al trabajo que se hace en este municipio.
“El trabajo que se hizo en el juicio de amparo es que no surta efecto, que no haya radicación de expedientes para que no quede consumado el cierre de Culiacán y la creación de la competencia de Guasave para el territorio de los municipios que tenía antes Culiacán”.
Por su parte el abogado Armando Hernández Mercado, presidente del Colegio de Abogados Lorenzo Meza Sandoval, señaló que ellos solicitaron el amparo en virtud de que se trata de un acuerdo institucional, lesionando los intereses del sector campesino social, uno de los más vulnerables.
“Y en vez de reclamar al secretario de Hacienda y Crédito Público que proporcione recursos económicos para que siga funcionando el Tribunal, pues deciden cerrar sus funciones y le endosan ese gasto al sector campesino, que va atener que venir de comunidades muy lejanas a que se les haga justicia al Tribunal aquí en Guasave, pero además ese acuerdo del pleno les viola el derecho a una justicia pronta y expedita”.
Detallaron que la suspensión provisional no surtirá efectos si se trata de actos consumados, sin embargo, indicó que tienen conocimiento de que hasta el momento no se había efectuado la firma de radicación de expedientes, pero para confirmarlo, acudirían al Tribunal Agrario, para entrevistarse con el Magistrado.
El abogado fue enfático en que es incongruente que en aras de mejorar la justicia agraria, como se justificó en el pleno, se esté cerrando un tribunal, provocando así mayores gastos para un sector de la población con mayores dificultades económicas como lo son los ejidatarios y los posesionarios comunes.
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