Guasave, Sin.- La procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Guasave, Dámaris Osuna Zavala, está incurriendo en secuestro institucional, al llevarse a niños hijos de jornales agrícolas de la zona de Adolfo Ruiz Cortines sin avisar a los padres y peor aún, como en el caso de la niña Ana Lizbeth, de 10 años, negándole a sus progenitores que la buscan desesperada que está en resguardo de las autoridades, reclamó la activista Camelia Anaya Bojórquez.
“Mira, yo le voy a mandar un mensaje muy claro a la señora Damaris Osuna. Es un secuestro institucional lo que está haciendo con el pueblo de Cortines, de los alrededores. Es un secuestro, no tiene nada de empatía con la gente que viene a trabajar de fuera. Es pueblo, es gente. Son humanos. Debemos de tratarlos como humanos porque son humanos. Debemos de darles la atención que merecen. Son atendidos de mal manera. Son discriminados. Hay mucha discriminación”.
La activista reclamó que la funcionaria municipal ha mostrado una incapacidad impresionante de ponerse en los zapatos de los jornaleros, quienes vienen de culturas diferentes a las que hay en el valle guasavense, señaló que lejos de que las instituciones les ayuden a mejorar las condiciones de vida, abogando porque las cuarterías estén en buenas condiciones o no se comentan tantos abusos en ellas, se han concentrado en criminalizar a los padres.
“Es una infamia lo que está pasando con los niños de Ruiz Cortines. Y son poquitos casos los que se han reportado. Pero hay muchos casos. Hay muchos casos de violación, de inhumanidad”.
Luque enfatizó que tanto los trabajadores del campo son tratados de manera indigna y con mucha discriminación, sin tener en cuenta que la mano de obra que ellos aportan sostiene en gran medida a la región. Así mismo criticó que por la falta de investigación que hacen las autoridades, se está desintegrando a familias honradas, mientras que, si realmente quisieran combatir la omisión de cuidados, bastaría con que se dieran una vuelta por la calle 0, en donde por la noche abundan las personas alcoholizadas y niños en situación de riesgo.
Agregó que ya han solicitado apoyo a Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH, para que intervengan en favor de los padres de las tres niñas y les ayuden a reunir familias antes de que culmine la temporada hortícola y se tengan que ir de Sinaloa a sus estados de origen, que son Guerrero y Oaxaca, respectivamente.
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