Culiacán, Sinaloa.- Esta mañana, la organización Iniciativa Sinaloa presentó una propuesta legislativa que busca evitar que cualquier político con antecedentes de agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos en el estado de Sinaloa acceda a cargos públicos.
Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la credibilidad y la legitimidad de las instituciones públicas en la entidad, al mismo tiempo que busca proteger a los periodistas y garantizar justicia para las víctimas de violencia.
La propuesta plantea la adición de nuevas fracciones en los artículos 38 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como modificaciones en la Constitución Política del Estado de Sinaloa, específicamente en los artículos 11 y 12.
Sibely Cañedo, destacó que este contexto exige una reforma del marco jurídico estatal, que vaya de la mano con una coordinación más eficaz con los niveles federal y nacional. La idea es cerrar las brechas de impunidad y establecer un entorno más seguro para la labor periodística.
“Esta iniciativa no está pensada en algún caso en particular; sin embargo, lo que busca inhibir este tipo de conductas. Por ejemplo, en Sinaloa ya tenemos ni desde mayo de 2022 que ha sido tipificado el delito contra libertad de expresión y contra la defensa de derechos humanos, se ha tificado en el código penal para el estado de Sinaloa, sin embargo, vemos que en la Fiscalía hay muy pocas investigaciones con esa figura salsa la siguen investigando con otro tipo como si fueran delitosa en general”, agregó.
En su presentación, la organización subrayó que Sinaloa ha sido históricamente un bastión de poderosos cárteles de la delincuencia organizada, lo que coloca a los periodistas en una situación de constante riesgo.
Además, señaló que la violencia contra periodistas y los vínculos entre autoridades locales y grupos criminales complican la investigación de crímenes cometidos contra los comunicadores.
También enfatizó que reformas como la ampliación de la “Ley 3 de 3” a nivel nacional son pasos fundamentales para garantizar la protección de los periodistas.
La iniciativa busca generar un marco preventivo que desincentive las agresiones hacia los comunicadores y, al mismo tiempo, fortalecer las instituciones públicas del estado, enviando un mensaje claro de que el estado no tolerará la impunidad ni la falta de ética en aquellos que busquen ocupar cargos públicos.
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