
Culiacán, Sin.- El Congreso del Estado aprobó este martes la reforma a la Constitución local que cambia por completo la forma en que se eligen jueces y magistrados en Sinaloa.
Aún y con los siete votos en contra de la oposición dicha reforma fue aprobada, los diputados del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional se pronunciaron en contra del dictamen señalando que la reforma está afectando.
“Lo que se pretende con una reforma judicial, es precisamente fortalecer el sistema para poder dar credibilidad y veracidad a las resoluciones judiciales y lo que yo veo es todo lo contrario es una reforma que viene a debilitar”, aseguró el diputado Jorge González del grupo parlamentario del PAN.
“Se habla de una elección, pero es una farsa. Se dice que el pueblo decidirá; pero solo podrá elegir entre los que Morena apruebe. Se nos quiere vender la idea de que los jueces se seleccionarán democráticamente, pero la realidad es que el gobierno impondrá a sus candidatos y los disfrazará de electos”, dijo la diputada Paola Gárate.
Con estos cambios, ahora serán elegidos por voto ciudadano, eliminando el Consejo de la Judicatura y creando nuevas instancias para administrar y vigilar la labor del Poder Judicial.
La reforma busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la impartición de justicia, además de alinear el sistema estatal con la reforma federal en la materia.
En la discusión de las reformas, la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, aseguró que independientemente de las posturas, hay coincidencia en que en Sinaloa se debe mejorar la impartición de justicia.
“Hace falta sacudir inercias en el Poder Judicial, hace falta mejorar la impartición de justicia y garantizar que las mujeres que llegan a juicios por alimentos y trabajadores que exigen pensiones y salarios, encuentren apertura y respuesta, y si no la encuentran, quien tomará la decisión de no respaldarlos es la propia población, y esa es la gran diferencia”, afirmó.
¿Qué cambia con esta reforma?
- Desaparece el Consejo de la Judicatura y se crean dos nuevas instancias: el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, este último con la facultad de investigar y sancionar a jueces y magistrados.
- Jueces y magistrados serán electos por voto directo de la ciudadanía, garantizando un proceso abierto y democrático.
- Paridad de género obligatoria en todos los órganos del Poder Judicial.
- Límites salariales, evitando que magistrados y jueces ganen más que el presidente de la República.
- Desaparición de fideicomisos y otros fondos, en cumplimiento con la reforma federal.



Elección de jueces y magistrados
Para garantizar un proceso transparente, el Congreso del Estado publicará una convocatoria para las candidaturas. Un Comité de Evaluación, integrado por cinco especialistas en derecho, revisará los expedientes y determinará qué aspirantes cumplen con los requisitos.
El Instituto Electoral del Estado se encargará del proceso de votación y asignación de cargos con equidad de género, mientras que cualquier impugnación será resuelta por el Tribunal Electoral del Estado.
Implementación y costos
La reforma establece que todos los cargos de elección en el Poder Judicial de Sinaloa se renovarán en 2027, permitiendo aprender de la experiencia de otros estados que harán este cambio en 2025.
Si bien la reforma no genera un costo inmediato para la administración pública, la organización del proceso electoral sí tendrá un impacto presupuestal, que será calculado por el Instituto Electoral del Estado.
Las reformas, adiciones y derogaciones aprobadas, corresponden a 11 iniciativas presentadas por distintos actores políticos y partidistas, entre las que resalta una que fue presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya.
Al someterse a votación, se aprobó en lo general con 32 votos a favor y 7 votos en contra, y al discutirse en lo particular el diputado del PVEM, Rodolfo Valenzuela Sánchez, propuso una serie de reservas a distintos artículos, mismos que fueron aprobados por su mayoría y se incorporaron a lo ya aprobado.
Una vez aprobadas las reformas, adiciones y derogaciones, la presidenta de la Mesa Directiva, Yeraldine Bonilla Valverde, las turnó a los 20 Ayuntamientos de Sinaloa para su aprobación, ya que por ser reformas a la Constitución local se requiere la aprobación de las dos terceras partes de éstos.



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