Mazatlán, Sin.- El Tribunal de Justicia Administrativa, emitió la suspensión del procedimiento para designar al titular del Órgano Interno de Control (OIC) en Mazatlán, esto presuntamente por una serie de irregularidades detectadas desde la publicación de la convocatoria.
Así lo aseguró el abogado Guillermo Quintana Pucheta y participante en la convocatoria, quien señaló algunas inconsistencias que hoy mantienen en suspensión legal el proceso.
La convocatoria fue emitida el pasado 26 de febrero de 2025, por la síndica procuradora Minerva Osuna Zavala, donde el abogado le indicó por escrito las irregularidades observadas, como carencia de elementos indispensables para garantizar un proceso legal y transparente; no se establecen criterios claros de calificación; omitía las comparecencias públicas para evaluar a los aspirantes; y no contemplaba mecanismos de defensa para impugnar decisiones discrecionales.
Tras presentar sus observaciones formales, la autoridad municipal no respondió durante 20 dias.
El abogado enfatiza que su participación en el proceso ha sido siempre dentro del cauce institucional, sin embargo, al no obtener respuesta, decidió interponer un juicio de nulidad en materia administrativa, solicitando la suspensión del procedimiento hasta que se garantizara su legalidad. El Tribunal concedió la suspensión, obligando a detener el proceso de designación.
Fue hasta el pasado 19 de marzo que la síndica procuradora respondió oficialmente, mediante el oficio número 061/2025. En dicho documento, la autoridad municipal sostiene que actuó “en uso de sus facultades discrecionales” y así sin mayor explicación se negó a corregir la convocatoria.
Quintana Pucheta agregó que a este panorama se suma otro dato, donde de los 20 aspirantes registrados, 16 son empleados municipales, algunos con estrechos vínculos con la administración actual y aunado a esto conectados con despachos externos que dictaminan y auditan al propio Ayuntamiento, situación que está prohibido por la Ley de Gobierno Municipal.
Finalmente, comentó que aún queda pendiente que se dilucide jurisdiccionalmente el posible ámbito de violación a derechos humanos, dado que el procedimiento tal como fue planteado atenta contra el derecho a la igualdad, a la seguridad jurídica y al acceso efectivo a procesos públicos y transparentes.
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