Culiacán, Sin.– El Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa que busca reforzar las medidas contra quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias.
La propuesta incluye reformas para que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias funcione en paralelo con el ya existente Registro de Deudores Alimentarios Morosos, ambos operados por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
La intención es clara: proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esos derechos van mucho más allá de solo alimentación, e incluyen desde atención médica y psicológica, hasta los gastos de educación, vivienda, recreación y, en casos de discapacidad, los recursos necesarios para su desarrollo integral.
Entre los cambios más relevantes está el bloqueo a candidaturas, quien no cumpla con sus obligaciones alimentarias no podrá competir por cargos como presidencias municipales, sindicaturas o regidurías, ni aspirar a ser síndico o comisario municipal.
Además, las personas que estén al frente de notarías públicas estarán obligadas a verificar que quienes vayan a comprar o vender un inmueble no estén inscritos como deudores alimentarios en ninguno de los dos registros.
La iniciativa también propone endurecer las sanciones penales. Si un deudor se coloca en estado de insolvencia para evadir el pago, enfrentaría de tres a seis años de prisión, y multas que podrían llegar hasta 600 días de salario. Incluso el delito genérico de incumplimiento se castigaría con penas más severas: hasta cinco años de cárcel y 360 días de multa.
La iniciativa que conforma esta propuesta ya fue turnada para su segunda lectura en el Congreso del Estado.
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