Culiacán, Sin.- La reciente propuesta de castigar con cárcel a quienes fabriquen, distribuyan o usen ponchallantas y aprobada por el Congreso de Sinaloa ha sido bien recibida por gran parte de la ciudadanía en Culiacán, quienes consideran que se trata de una medida necesaria para proteger a la población civil que suele ser la más afectada por estos artefactos.
Los culiacanenses, sobre todo automovilistas, coincidieron en que estos dispositivos usualmente utilizados por grupos delictivos para detener vehículos o generar caos terminan perjudicando a personas que no tienen ninguna relación con actos criminales.
En un sondeo realizado por Los Noticieristas, la gente expresó preocupación no solo por los daños materiales sino por los riesgos que implican estos dispositivos, como accidentes, pérdida de control del vehículo o incluso la posibilidad de quedar varado en zonas peligrosas.
“Está bien, porque esas llantas que se dañan no se pueden reparar y una llanta te cuestan hasta mil, dos mil pesos y pues está bien que si saben quiénes son que los castiguen y se cumpla la ley”, dijo.
“Es una medida bastante estricta, pero es entendible que la intención es reducir la inseguridad y proteger a las personas”, expresó.
“Les deberían dar hasta más tiempo porque igual son parte del crimen organizado y afectan a personas que no están involucradas en ese tipo de delitos”, reiteró.
“Está bien porque están contribuyendo y apoyando a actividades delictivas las cuales están perpetradas por los criminales de este país”, manifestó.
“Está bien, el que comete un delito mínimamente tiene que pagar las consecuencias”, manifestó.
“Creo que sería una buena medida porque al final de cuentas nos afecta tanto a la sociedad como a las instituciones de gobierno, porque la mayoría tenemos carro, por no decir que todos y de dónde sacas ese gasto imprevisto porque no son tres pesos”, afirmó.
Sin embargo, algunas voces también manifestaron dudas sobre la aplicación práctica de esta medida. “¿Cómo van a saber quién los puso? ¿Y cómo lo van a probar?”, cuestionaron, al señalar que podría ser difícil atribuir responsabilidades en muchos casos.
“No entiendo muy bien cómo va a ser la dinámica esa de encontrar a quién lo haga, pero yo pienso que deberían buscar también el por qué está pasando esa situación obviamente, eso sí se consideraría un delito porque pues afectan la seguridad de los ciudadanos en general y pues sí se me hace una buena dinámica”, reiteró.
Pese a estas inquietudes, el consenso general entre los ciudadanos consultados es que criminalizar el uso de ponchallantas es un paso positivo para mejorar la seguridad en las carreteras y zonas urbanas. La expectativa ahora se centra en que las autoridades cuenten con mecanismos eficaces para identificar y sancionar a quienes hagan uso de estos dispositivos ilegales.
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