Los Mochis, Sin.- La reciente elección del Poder Judicial en México ha sido calificada como un proceso desastroso y marcado por una alarmante apatía ciudadana, según expresó José Ramos Ortiz, presidente de Coparmex Los Mochis.
En un análisis contundente, Ramos Ortiz criticó la falta de transparencia y la escasa participación de la ciudadanía en un proceso que, en su opinión, no refleja una verdadera voluntad popular.
Observaciones sobre la participación electoral
En declaraciones, José Ramos Ortiz señaló.
“Desde Coparmex observamos un proceso electoral opaco y con muy poca participación ciudadana, casi 9 de cada 10 mexicanos ignoraron el proceso electoral, no podemos afirmar que la ciudadanía eligió a los integrantes del Poder Judicial con un abstencionismo del 87 por ciento, no hubo garantías de ejercer un voto libre y mucho menos razonado”.
Esta cifra revela una apatía generalizada y una posible desconfianza en las instituciones encargadas de organizar y garantizar esta elección.
Implicaciones y consecuencias del proceso
El representante de la Iniciativa Privada en Los Mochis, afirmó que este proceso no nació de una exigencia ciudadana, sino que fue resultado de una imposición política mal ejecutada.
“Este proceso no nace de una exigencia ciudadana, sino de una imposición política mal ejecutada con graves consecuencias para la confianza de las instituciones, esta elección no fortaleza al Poder Judicial, más bien lo debilita al priorizar el poder político sobre la autonomía, la profesionalización y la meritocracia, en resumen, un proceso electoral desastroso”, expresó.
La falta de participación y transparencia, según su evaluación, puede tener efectos negativos duraderos en la percepción de la ciudadanía sobre la legitimidad y la autonomía del Poder Judicial.
Un proceso que debilita en lugar de fortalecer
Ramos Ortiz advirtió, que en lugar de fortalecer al Poder Judicial, esta elección lo ha debilitado, afirmó.
Para el líder empresarial, el proceso no solo careció de legitimidad, sino que además pone en riesgo la confianza en las instituciones judiciales, fundamentales para garantizar un Estado de derecho sólido y justo.
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