Mazatlán, Sinaloa.- A raíz de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en diciembre pasado, el derecho al acceso a la información pública enfrenta un vacío crítico, especialmente en los municipios, lo que requiere de un organismo ciudadano dedicado a que vigile la transparencia y el acceso a la información en Sinaloa.

Gustavo Rojo, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, advirtió que, aunque la reforma estableció un plazo de 90 días para que los estados armonizaran sus leyes locales (con fecha límite el 19 de junio en Sinaloa), la falta de organismos autónomos ha generado opacidad en la rendición de cuentas.

El Observatorio, que monitorea la transparencia mediante la plataforma Monitor Karewa (donde se publican trimestralmente los contratos públicos del municipio), informó desde el 2024 la información pública ofrecida por el ayuntamiento ya no se actualiza de manera completa. Es decir, que hay documentos reservados sin justificación y retrasos en la publicación. Sin un órgano que exija el cumplimiento, cualquier funcionario puede ocultar datos, dejando a la ciudadanía sin saber cómo se usan los recursos.

“Pues esos entes que se van a conformar emanen de la sociedad civil, nombrados por ciudadanos también porque queremos seguir teniendo esa certeza de que vamos a seguir teniendo acceso a la información. Hay que recordar que la información pública pues por eso se llama así, porque es información pública, del público”, dijo.

Ante este escenario, el Observatorio Ciudadano y miembros de la Red Estatal Anticorrupción (REDCA) presentaron una propuesta de reforma constitucional y a la Ley de Transparencia local ante el Congreso de Sinaloa.

La iniciativa busca que, en lugar de centralizar las funciones en la Secretaría de Transparencia Estatal, cuya capacidad operativa es limitada, se creen organismos descentralizados y ciudadanizados en cada municipio. Estos dependerían únicamente del Gobierno Estatal y de la sociedad civil, con autonomía técnica y presupuestaria para auditar y garantizar la publicación de información de manera transparente.

La propuesta enfatiza que, sin mecanismos locales autónomos, la reserva arbitraria de datos y la opacidad en contratos gubernamentales podrían escalar, afectando el combate a la corrupción y la participación ciudadana.

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