Culiacán, Sinaloa.- Durante la sesión de este martes en el Congreso del Estado de Sinaloa, se aprobó una reforma al Código Penal que agrava las penas por homicidio doloso cometido contra niñas, niños y adolescentes, periodistas así como a policías, estableciendo sanciones que van de 25 a 50 años de prisión.

El dictamen fue respaldado de manera contundente por diputadas de diversas bancadas, destacando los posicionamientos.

 

La diputada Roxana Rubio, del Grupo Parlamentario del PAN, centró su posicionamiento en la tragedia de los menores asesinados en el estado y enfatizó que esta reforma es una respuesta a una deuda de justicia con las infancias sinaloenses, recordando que más de 50 menores han sido asesinados en apenas 10 meses en el estado y añadió que si bien ninguna ley podrá devolverles la vida, este marco legal más severo representa un compromiso ético.

 

Hoy venimos a decir basta con los niños, no. Porque no se puede olvidar a Gael, Alexander, de 12 y 9 años asesinados junto a su padre, Danna Sofia baleada camino a clases, Regina de 14 víctima de una bala perdida en Villa Juárez, Leydi y Alexa de 11 y 7 años acribilladas en Badiraguato, cesar de apenas 17 ejecutado en su casa y con ellos más de 50 menos asesinados”, expresó.

 

Por su parte, la diputada Yeraldine Bonilla, del Partido Verde Ecologista de México, y presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso, respaldó también la reforma, destacando que la infancia merece una tutela reforzada del estado.

 

Hoy como congreso, tenemos la oportunidad de responder con hechos a una de las demandas más sentidas de la sociedad sinaloense la exigencia de justicia ante el homicidio de menores de edad con responsabilidad con sensibilidad y con visión de futuro avanzamos en esta reforma que busca no solo castigar con mayor severidad, sino también prevenir y disuadir una de las manifestaciones más crueles de la violencia”, señaló.

 

A este posicionamiento se unió la diputada Teresa Guerra Ochoa, quien manifestó que desde hace más de tres décadas, pese a varios períodos de violencia, el citado Código no se había reformado en materia de penas de cárcel.

 

Las legisladoras coincidieron en que esta medida es un paso significativo hacia un Sinaloa más justo y seguro para las niñas, niños y adolescentes, y que la aprobación del dictamen refleja una voluntad política transversal que prioriza el interés superior de la niñez.

 

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