Culiacán, Sin.- Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos y Académicos de la Universidad Autónoma de Occidente (SUTAAUAO), delegación Mazatlán, denunciaron el desfalco de 5.3 millones de pesos del fondo de vivienda y exigieron que se esclarezca el destino de este recurso.
Juan Francisco Rochín Armenta, delegado sindical académico de la base docente de Mazatlán, detalló que en cuatro ocasiones se solicitó una auditoría procedimental para conocer el destino del recurso, sin embargo, las primeras dos veces la solicitud fue ignorada.
La tercera ocasión, procedieron a través de la Comisión de Honor y Justicia, la cual, de acuerdo a los estatutos, tenía un periodo máximo de 30 días para dar respuesta a la solicitud, sin embargo, ya corrieron 40 días y no han sido atendidos.
Por último, el 18 de junio, en una asamblea, toda la base trabajadora pidió que se hiciera la auditoría, pero de nueva cuenta las autoridades sindicales se negaron a esclarecer este tema.
“Se detecta que existen 5.3 millones faltantes de la cuenta de vivienda y es a raíz de esto que se da toda la escalada en cuanto a las denuncias. Portillos levanta su denuncia el 23 de diciembre y aquí viene en enero, el 31, y nos muestra la carátula por robo y abuso de confianza, lo cual nosotros veíamos como algo que no debe de hacer porque menciona que se entregan los tokens y al entregar los tokens tú estás cediendo responsabilidad. En una cuenta mancomunada existen dos tokens, precisamente para evitar el abuso, sin embargo, el señor Portillo entregó voluntariamente su token al señor Juan Carlos López Jiménez y es a raíz de eso que empiezan a haber movimientos en las cuentas”, expresó.
Los sindicalizados puntualizaron, que existe una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado y la denuncia penal 1659-2024 en contra del secretario general del sindicato de la UAdeO, Raúl Portillo Molina; el secretario de Organización, César Efraín Soto Serrano; el secretario de Finanzas, Juan Carlos López Jiménez; la presidenta de Hacienda, Anabel Medina Borbolla; y el secretario de Hacienda, Mario Alberto Cortes Lugo.
Detallaron que los imputados han aprovechados tecnicismos para retrasar las audiencias, por lo que exigieron a la Fiscalía de la zona sur que acelere la investigación y tome medidas para que estos se presenten en la audiencia programada para el 2 de septiembre.
Por último, los trabajadores sindicalizados exigieron esclarecer dónde están estos 5.3 millones de pesos y que se regresen a la cuenta de vivienda, ya que afecta a más de mil 400 trabajadores que tiene aportaciones patronales al fondo de vivienda y fondo de ahorro.
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