Los Mochis, Sin.- En un mensaje compartido en video a través de sus redes sociales, el alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, asegura que nuevamente el Poder Judicial federal ha resuelto de manera contundente que le asiste la razón, y que debe ser restituido en el cargo de forma inmediata.

Detalla que, ante el incumplimiento de las autoridades estatales de acatar el primer ordenamiento de un juez federal con sede en Zacatecas, se vio en la obligación de promover el pasado 31 de julio de este año un nuevo recurso de incumplimiento, el cual fue resulto en audiencia celebrada el pasado 15 de agosto del actual.

En donde se declara fundado el incumplimiento de la suspensión definitiva previamente ya concedida, y se les obliga otra vez, nuevamente a las autoridades mencionadas, a dar total cumplimiento, improrrogable a lo ordenado bajo aviso y expreso de lo dispuesto en la Ley de Amparo que establece un delito penal federal, porque siguen en el desacato”.

Vargas Landeros les recordó al Congreso del Estado, a la Fiscalía Estatal, al Ayuntamiento de Ahome y al Gobierno de Sinaloa que carecen de facultades para desestimar las resoluciones dictadas en el juicio de amparo, pues cuentan con los medios legales para interponer los recursos correspondientes y no estar litigando por los medios de comunicación.

Con base en lo anterior, ratifico ante ustedes que la justicia federal ha dictaminado que me asiste la razón jurídica y que el mandato de restitución es firme, válido, obligatorio e inmediato, yo ya he cumplido con lo que la ley me ordena y seguiré actuando irrestrictamente dentro del marco de derecho, si otros u otras quienes protestaron cumplir y hacer cumplir la ley deciden evadir sus obligaciones o incumplir abiertamente allá ellos o ellas, tendrán que responder ante la justicia federal o ante el pueblo, nadie está por encima de la ley”.

Gerardo Vargas mencionó que dicha resolución también faculta a los juzgados de distrito de Culiacán y de Los Mochis, para que auxilien a la justicia federal en la diligencia de notificación, y apercibimiento a las autoridades estatales y municipales cuando caigan en desacato, pudiendo inclusive, hacer uso de la fuerza pública en caso de ser necesario.

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