Culiacán, Sin. – El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Rodolfo Valenzuela, informó sobre la iniciativa que busca establecer como requisito la aplicación de exámenes antidoping a quienes aspiren a un cargo de elección popular, así como a funcionarios públicos de alto nivel.
El legislador explicó que el objetivo es garantizar que las y los servidores públicos no tengan vínculos con el narcotráfico ni consuman drogas, un problema que, dijo, sigue afectando gravemente a Sinaloa.
En el caso de Sinaloa, además de los candidatos, se busca incluir en la obligación a funcionarios de alto rango, siguiendo el ejemplo de los cuerpos policiacos que ya cuentan con protocolos periódicos de control.
“Restringir que no cualquier persona pueda ser candidata a un puesto de elección popular, y, además, que la ciudadanía tenga claridad de que los candidatos no están involucrados con el narcotráfico ni forman parte, ya sea de la demanda o de la oferta de drogas. En Sinaloa, en particular, sabemos que este es un problema que nos ha generado muchas dificultades”, señaló.
Señaló que la propuesta toma como referencia una medida similar implementada en Baja California, donde aseguró ha tenido buenos resultados.
El examen se aplicaría como parte de los requisitos para el registro de candidaturas y, en el caso de funcionarios en funciones, de manera periódica y aleatoria, como parte de los procedimientos internos de recursos humanos en las instituciones públicas.
La iniciativa que ya fue presentada ante la oficialía de partes en el congreso del estado busca una reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas, el diputado manifestó que esperan que sea aprobada y pueda ser vigente en las próximas elecciones del 2027.
El diputado mencionó el caso del alcalde de Piedras Negras que fue tendencia en redes sociales por estallar con una reportera al ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a realizarse una prueba de antidoping, reiteró que el alcalde no actuó de la forma correcta y que el hecho de realizarse un examen toxicológico no debería ser un problema para ningún funcionario público.
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