Culiacán, Sin.– En vísperas de que se cumpla un año de que se agravó la crisis de inseguridad que estalló aquel 9 de septiembre en Culiacán, el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) y la Comisión Estatal de los derechos Humanos de Sinaloa, plantearon la necesidad de construir una “agenda poscrisis” que permita fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia en Sinaloa.
Además, durante esta presentación, se compartió un balance de las afectaciones que han dejado estas confrontaciones entre grupos antagónicos en busca del control territorial a base de violencia.
Miguel Ángel Calderón Quevedo, titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), señaló que la coyuntura que inició en septiembre del año pasado dejó secuelas en todos los ámbitos de la vida pública, en donde se incluyen calles, escuelas, comercios y hogares.
Hizo énfasis en que, la crisis de violencia estalló en medio de la transición de gobierno federal, lo que en su momento dificultó la reacción inicial; sin embargo, la movilización ciudadana y la atención mediática lograron atraer la mirada del gobierno y las autoridades.
Es urgente fortalecer a nuestras instituciones de seguridad y justicia. Este momento de crisis también es momento de oportunidades para estas reflexiones que estamos haciendo, trabajar en ellas, sobre todo desde los tomadores de decisiones en las entidades gubernamentales”, expresó.
Por su parte, Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, advirtió que la violencia ha golpeado con especial dureza a sectores vulnerables: niños, mujeres y periodistas.
Recordó que en este periodo se han documentado a 76 mujeres asesinadas, 50 menores de edad, víctimas de la violencia, 64 agresiones a periodistas y cerca de mil 907 desapariciones reconocidas oficialmente, aunque los colectivos de familiares aseguran que la cifra real rebasa las 2 mil 800.
Consideró el ombudsman, que la crisis debe verse como una llamada de atención para construir tareas comunes entre autoridades y sociedad civil.
Es una tarea de todas y de todos trabajar por regresar a la normalidad en la que vivíamos al menos del 8 de septiembre del año pasado hacia atrás. Esta crisis por la que estamos pasando, yo creo que no habíamos tenido números y no habíamos tenido actividad violenta como hoy la hemos padecido”, compartió.
Los titulares de ambas instituciones coincidieron que el diseño del presupuesto estatal 2026 será decisivo, por ello propusieron que el Congreso local y el Poder Ejecutivo prioricen el fortalecimiento de policías, ministerios públicos y peritos, siguiendo los lineamientos planteados a nivel nacional para aumentar en 25 por ciento el número de agentes y en 30 los fiscales e investigadores.
Con agenda poscrisis buscan CEDH y CESP fortalecer instituciones de seguridad en Sinaloa
Este es el balance del último año en Sinaloa en el análisis presentado, se expuso que, desde septiembre de 2024 hasta agosto de 2025, los delitos de alto impacto se dispararon son el robo a casa habitación: antes de la crisis se registraban en promedio 40 denuncias mensuales; desde septiembre de 2024, la cifra se triplicó, alcanzando 207 en junio pasado.
En cuanto a los homicidios, en julio de 2025 se contabilizó el promedio más alto, con un promedio de siete asesinatos diarios, cuando en años anteriores la media nacional oscilaba entre a 1.5 diario.
En cuanto a desapariciones forzadas el récord se dio en julio de 2025 con 233 carpetas abiertas, muy por encima de los 70 casos que se reportaban en un mes típico previo a la crisis.
Para el delito de Robo de vehículos se tiene registro que en mayo pasado se denunciaron casi 700 casos, frente a los 209 del mismo mes del año anterior.
Y finalmente en lo correspondiente a el robo a comercio el pico se alcanzó en marzo de 2025 con más de 220 denuncias, más del doble de lo habitual.
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