Guasave, Sin.- La adquisición de 13 patrullas para la Dirección de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Guasave generó controversia, luego de que el regidor de Movimiento Ciudadano, Gregorio Hernández Romero, denunciara que la compra se realizó sin licitación y con un monto superior a los 17 millones de pesos.

El edil sostuvo que, aunque el fortalecimiento de la corporación es necesario, la administración de Cecilia Ramírez Montoya incumplió con los procedimientos legales que debe regir la contratación pública.

No estoy en contra de reforzar la seguridad, porque es prioritaria, pero sí de que no se respete la ley. Esta adquisición debió licitarse y transparentarse. Estamos hablando de más de 17 millones de pesos en un municipio con una crisis financiera sin precedentes, con adelantos de participaciones, un crédito bancario de hasta 60 millones y servicios públicos colapsados”, señaló Hernández Romero.

El regidor comparó la situación con el caso de Ahome, que derivó en el desafuero del alcalde Gerardo Vargas Landeros, y advirtió que en Guasave la falta de planeación podría repercutir en la prestación de servicios básicos como alumbrado, recolección de basura y mantenimiento de drenajes.

Respuesta de la alcaldesa Ante estos señalamientos, la presidenta municipal Cecilia Ramírez Montoya, rechazó que la adquisición haya sido irregular y aclaró que el monto total fue de 13 millones de pesos por diez patrullas, adquiridas con recursos del Fortamun (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios).

Sin embargo, reconoció que posteriormente se compraron 3 unidades más para la Célula de Reacción Inmediata con perspectiva de género.

Ramírez Montoya explicó que la compra se justificó como una medida de emergencia en materia de seguridad, luego de que el Gobierno del Estado advirtiera sobre el riesgo de que la violencia registrada en Culiacán pudiera extenderse hacia la zona norte.

No fueron 17 millones, fueron 13 millones. Se trató de una compra directa avalada por el Comité de Compras, donde participan todas las fuerzas políticas, y se aprobó por unanimidad. Había sindicaturas como San Rafael y otras comunidades que no contaban con ninguna patrulla. Por eso se tomó la decisión de manera urgente y con sustento legal”, afirmó.

La alcaldesa agregó que, además de las diez patrullas adquiridas en bloque entre noviembre y diciembre de 2024, se compraron posteriormente tres unidades más para atender casos de violencia de género, con un costo aproximado de 600 mil pesos cada una, lo que sumó casi 2 millones de pesos adicionales.

Ramírez Montoya subrayó que no se trató de una renta, sino de una compra directa a una agencia Chevrolet, y que todos los documentos fueron firmados y avalados por las distintas representaciones políticas dentro del Ayuntamiento.

En ese sentido, reconoció que: “Puede ser que la Auditoría lo observe, pero estamos seguros de que se solventará porque el procedimiento se hizo con sustento legal y por una emergencia real en seguridad”, sostuvo.

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