Mazatlán, Sinaloa.- Durante su participación en el Décimo Encuentro de la Red de Radios Universitarias de México (RRUM), el senador Javier Corral Jurado destacó que la reciente reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión representa un avance trascendental en la protección de los derechos de las audiencias y en la consolidación de la comunicación como un servicio público esencial.
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El legislador explicó que la nueva ley incorporó más de cien modificaciones sustanciales, entre ellas la restitución de figuras que habían sido eliminadas en versiones previas, como los defensores de las audiencias, quienes ahora cuentan con un marco legal más sólido y obligaciones claras para garantizar la pluralidad, la ética y la transparencia en los contenidos mediáticos.
Además, puntualizó que reconocer a la radio, la televisión y las telecomunicaciones como servicios públicos, garantizan que el Estado mismo las provea obligatoriamente a su población.
“Porque considerar a la radiodifusión y a las telecomunicaciones como servicio público es un cambio paradigmático en la concepción de esta estratégica actividad. Es que se consideraba como una actividad industrial”, dijo.
Javier Corral en Mazatlán
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¿Qué implica reconocer a la radio y la televisión como servicios públicos?
Corral Jurado explicó que en legislaciones anteriores, particularmente en la de 1960, la radiodifusión era tratada como una industria, lo que la reducía a un ámbito meramente mercantil. Con esta reforma, el Estado asume la obligación de garantizar el acceso universal a la radio, la televisión y las telecomunicaciones, elevando su carácter a un derecho humano a la comunicación.
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El senador enfatizó que este cambio no solo redefine el papel del Estado, sino que también democratiza los medios, otorgando mayor responsabilidad social a concesionarios y organismos públicos y fortaleciendo la figura de los defensores de audiencia que deberán existir en cada medio o grupo de medios.
Finalmente, señaló que las reformas no buscan crear una nueva estructura burocrática, sino modernizar la ley y dotarla de una visión acorde a los retos digitales actuales en los que la comunicación y el acceso a la información son pilares de la vida democrática del país.
