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Culiacán, Sinaloa. – Este sábado 29 de noviembre del 2025 por la mañana, se realizó el evento de entrega de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado 2026, en la figura del secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa, Joaquín Landeros Güicho, ante diputadas y diputados de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado.

¿Cuánto representa el aumento de la propuesta del presupuesto con respecto del año que está por concluir?

En la iniciativa del presupuesto para el siguiente año, entregada ante el pleno, proyecta un gasto de 78 mil 344 millones de pesos, que significa más de 8 mil millones que se aplicó este 2025, lo que representa un 11.9 por ciento en comparación con el ejercicio fiscal del año que está por concluir.

El acto se llevó a cabo puntualmente a las 8:00 de la mañana en el Salón Constituyentes del Congreso del Estado, donde el tesorero del estado acudió en representación del gobernador Rubén Rocha Moya para entregar la iniciativa ante el pleno legislativo.

En cumplimiento del orden protocolario, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputada María Teresa Guerra Ochoa recibió la documentación que dará inicio al proceso de análisis, discusión y votación del presupuesto.

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¿Qué fue lo que compartió el funcionario estatal mientras se pronunciaba en el desglose de la ley presentada?

En su discurso, Landeros Güicho subrayó que el Paquete Económico 2026 fue diseñado bajo una perspectiva de desarrollo social y financiero responsable, priorizando a los sectores más vulnerables y consolidando la visión humanista que, dijo, caracteriza a la administración estatal.

“El proyecto que entregamos para su análisis de aprobación, está marcado por la gran responsabilidad que define el quehacer político del gobernador y nos llena de orgullo presentar una propuesta que nace del humanismo, que transforma estrategias, que se ha demostrado que funcionan, mejoran las condiciones de vida de las y los sinaloenses y representan plenamente la visión de justicia social de la cuarta transformación”, advirtió.

Destacó que el crecimiento del 11.9% respecto al 2025, responde a una planeación estratégica orientada a consolidar programas sociales, infraestructura pública, apoyos a grupos vulnerables y políticas de seguridad.

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¿Qué viene contemplado para el tema de seguridad en esta iniciativa de presupuesto?

Uno de los anuncios centrales de la ceremonia, fue la asignación de un incremento del 22.5% al sector de seguridad pública, lo que se traducirá en una bolsa de 2 mil 470 millones de pesos, equivalente a 451 millones adicionales en comparación con el 2025.

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Landeros Güicho detalló, que este fortalecimiento presupuestal busca consolidar la construcción de paz en la entidad y garantizar que las familias sinaloenses vivan en tranquilidad.

Con estos recursos, se proyecta avanzar en la profesionalización de cuerpos policiales, mejorar equipamiento y operatividad, incrementar salarios, abrir nuevas plazas operativas, así como contratar a 50 custodios adicionales para reforzar el sistema penitenciario. También se impulsará el desarrollo tecnológico y la prevención del delito.

Adicionalmente la Fiscalía General del Estado contará con un aumento de más de 63 millones de pesos, con lo que superará los mil 200 millones de pesos en 2026, destinándose una parte a la consolidación de la policía cibernética y a la apertura de nuevas plazas para fortalecer la procuración de justicia.

“En el presupuesto 2026 destinamos 2 mil 472 millones de pesos, 451 millones más que en el 2025. Es un incremento del 22.5 por ciento para fortalecer la prevención, mejorar la capacidad operativa y dignificar el trabajo, de quienes todos los días cuidan a Sinaloa. Este esfuerzo permitirá aumentar salarios, abrir nuevas plazas operativas, rehabilitar centros penitenciarios y sumar 50 custodios más”, comentó.

¿Cómo se pretende incluir el tema de las finanzas con responsabilidad social?

El secretario recordó, que la administración estatal ha asumido el saneamiento de múltiples pasivos heredados de gobiernos anteriores, lo cual, afirmó, no ha frenado el desarrollo, ni la protección social. Enfatizó que cumplir con obligaciones históricas y al mismo tiempo impulsar obra pública, programas asistenciales y crecimiento económico ha requerido una planeación estricta, disciplina financiera y un gasto con sentido humano.

“El presupuesto no es solo un número: es el reflejo de nuestras prioridades y la garantía de que los derechos se materialicen para la población”, señaló.

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Programas sociales e infraestructura, también prioritarios

El presupuesto también da continuidad a apoyos para niñas, niños, mujeres, personas con discapacidad, productores agrícolas, pescadores y familias desplazadas por la violencia, entre otros sectores. Se contemplan, por ejemplo:

  • 320 millones de pesos para útiles, uniformes y calzado escolar
  • 75 millones para personas desplazadas
  • Más de 328 millones para apoyos productivos de personas con discapacidad

Recursos históricos para el sistema DIF Estatal, que por primera vez superará los mil millones de pesos.

En materia de infraestructura, la propuesta contempla una inversión superior a 4 mil 20 millones de pesos para obras públicas en vialidades, infraestructura educativa, agua potable, drenaje, espacios deportivos y reconstrucción de parques. Además, se integrará un nuevo proyecto de inversión pública productiva por hasta 2 mil millones de pesos a largo plazo, en coordinación con el Gobierno de México, enfocado en obras estratégicas definidas mediante mesas de trabajo con diputadas, diputados, alcaldesas y alcaldes.

Congreso inicia etapa de análisis

Al recibir la iniciativa, la diputada María Teresa Guerra Ochoa reconoció la importancia de la coordinación entre poderes y subrayó que la revisión del presupuesto se realizará con transparencia, rigor técnico y sensibilidad social. Afirmó que la legislatura tiene la responsabilidad de garantizar que cada peso del erario se refleje en bienestar para la población.

Con la entrega formal del paquete económico, el Congreso del Estado abre el proceso legislativo que culminará con la aprobación del presupuesto que regirá el quinto año del gobierno de Rocha Moya.

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