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Guasave, Sinaloa.- Luego de que la tarde del jueves 27 de noviembre el grupo de demandantes de vivienda, autodenominados “Los Sin Casa”, tomó posesión de un terreno de 15 hectáreas, ubicado en la comunidad de Las Guásimas, Guasave, Sinaloa, propiedad del Gobierno del Estado, la alcaldesa, Cecilia Ramírez Montoya, reprobó la acción y pidió a los ocupantes retirarse.

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¿Qué dijo la presidenta municipal?

“Yo les recomiendo salirse, es ilegal lo que hacen. Que esperen los tiempos, esperen las indicaciones que el propio Gobierno del Estado va a dar y que no se haga este desorden, porque para mí es un desorden. Es una cosa que no debería haber sucedido. Sin embargo, pues ya están apersonados ahí y yo no sé qué pueda suceder con ellos. La verdad, no sé”, declaró la mandataria.

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¿Por qué se originó la ocupación?

La alcaldesa explicó, que parte del predio había sido adquirido por el Gobierno del Estado, con la intención de destinarlo a solicitantes de vivienda. Sin embargo, no todo el terreno estaba contemplado para ese fin. Aun así, el grupo decidió ocupar la totalidad del espacio, rebasando lo autorizado en el proyecto original.

¿Qué consecuencias podría haber?

Ramírez Montoya señaló, que desconoce si el Gobierno del Estado aplicará sanciones, como revocar beneficios o excluir a los invasores del programa de vivienda, debido a la manera en que se tomó el predio. Comentó que la decisión corresponderá al Estado, instancia que analiza el caso junto con Infonavit y Sebides.

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¿Cuántas familias participaron?

Hasta el momento no se cuenta con una cifra precisa de ocupantes. Personal estatal ya realiza un censo para determinar cuántas familias ingresaron y si todas eran realmente beneficiarias del programa, pues existe la sospecha de que algunas personas aprovecharon la situación para tomar espacio sin ser parte del padrón.

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¿Qué recomendación se hace a los ocupantes?

La postura oficial es clara: el procedimiento debe respetarse y la toma del terreno no se realizó de manera legal. La recomendación de la alcaldesa es que los ocupantes se retiren, mientras el Gobierno del Estado define la ruta jurídica y administrativa que seguirá el caso.

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