Culiacán, Sinaloa.- El 2025 cerró como otro año difícil para la educación en Sinaloa, la violencia y la inseguridad en distintos municipios se reflejaron en cierres temporales de planteles y asistencia irregular en las escuelas, lo que aunado a la falta de materiales e infraestructura educativa, generó un rezago educativo importante entre las y los estudiantes sinaloenses, señaló Nuria Alejandra González Elizalde.
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¿Cómo ha evolucionado la Nueva Escuela Mexicana?
La directora general de Mexicanos Primero Sinaloa, mencionó que durante el año también quedaron en evidencia los retos asociados a la
implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), donde se identificaron numerosos retos, entre ellos: procesos de formación docente insuficientes, cargas administrativas elevadas y un acompañamiento limitado para la apropiación de los cambios curriculares.
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“En Sinaloa, el derecho a aprender fue nuevamente vulnerado por una combinación conocida, pero no, por ello, menos grave, violencia, persistente, rezago en los aprendizajes y decisiones públicas, que han optado por administrar la crisis en lugar de enfrentarla”, precisó.
Mencionó que todo lo anterior, ocurrió en un sistema educativo que ya enfrentaba rezagos acumulados en aprendizajes, condiciones materiales insuficientes y una limitada capacidad institucional para garantizar estabilidad y continuidad en las escuelas.
¿Cómo se encuentra la infraestructura escolar?
Agregó que las condiciones de infraestructura escolar, siguen siendo uno de los principales pendientes en el sistema educativo, una proporción importante de escuelas carece de servicios básicos: 18% no cuenta con agua potable y 4% no dispone de energía eléctrica; 12% no tiene espacios adecuados para el lavado de manos y 13% carece de sanitarios independientes.
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A estas carencias se suman rezagos en equipamiento y conectividad: 62% de las escuelas no cuenta con computadoras y 61% no tiene acceso a internet. Además, 74% de los planteles no dispone de infraestructura adaptada para personas con discapacidad, manteniendo barreras persistentes para la inclusión.
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¿Cuál es el reto para 2026?
Manifestó que de cara a 2026, el saldo educativo de 2025 deja claro que garantizar el derecho a aprender exige decisiones de fondo: información pública y confiable, fortalecimiento real de la formación y el acompañamiento docente, atención urgente a las condiciones materiales de las escuelas y una asignación presupuestal coherente con las necesidades del aprendizaje.
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