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Mazatlán, Sinaloa.–Luego de los hechos registrados la tarde del 17 de diciembre, cuando periodistas locales y familiares de personas desaparecidas acudieron a la Vicefiscalía Regional de la zona sur para exigir información sobre avances en investigaciones y fueron desalojados de manera hostil, la regidora Maribel Chollet calificó la actuación del vicefiscal Isaac Aguayo Roacho como reprobable y fuera de toda norma institucional.

La regidora señaló que ningún funcionario público puede decidir a quién atender o a quién no, ya que su responsabilidad es servir a la ciudadanía, garantizar el acceso a la información y respetar los derechos humanos, particularmente cuando se trata de víctimas.

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¿Por qué es grave la actitud del vicefiscal?

Chollet enfatizó que el trato que se dio tanto a medios de comunicación como a familiares que buscan respuestas refleja una falta de sensibilidad y humanidad, además de un incumplimiento claro de las obligaciones del cargo.

“Reprobable, totalmente fuera de lugar la actitud de un funcionario público que está obligado, no está a discusión si está de acuerdo o no está de acuerdo, él está obligado a tener las puertas abiertas, está obligado a responder por los asuntos que llegan a su dependencia. Tiene una responsabilidad social, tiene una responsabilidad en materia de derechos humanos”, dijo.

Maribel Chollet

Maribel Chollet

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¿Qué papel juegan los medios y las víctimas?

La regidora subrayó que los medios de comunicación representan una herramienta fundamental para que la sociedad esté informada, por lo que impedir su labor constituye un acto intolerante y negligente.

¿Debe intervenir la Fiscalía del Estado?

Maribel Chollet sostuvo que la Fiscalía General del Estado, así como el gobernador, deben observar y revisar la conducta del vicefiscal, ya que se vulneraron derechos fundamentales.

“Su responsabilidad tiene que ser observada por la Fiscalía del Estado y por el propio gobernador. Es negligente e intolerante porque una de las responsabilidades más importantes que debe de asumir es ser tolerante y respetuoso y, por lo tanto, debe tener mucha capacidad en su profesión”, agregó.

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Señaló que el derecho a la información y el derecho a la atención de las víctimas están consagrados en la Constitución y advirtió que permitir actos de este tipo convierte dichos derechos en “letra muerta”, afectando la confianza ciudadana en las instituciones.

Finalmente, reiteró que no puede existir información selectiva ni funcionarios que actúen con intolerancia, especialmente en un contexto donde las familias exigen justicia y respuestas.

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