Topolobampo, Ahome, Sinaloa. – La planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), ubicada en el puerto de Topolobampo, cumple con la legislación ambiental y de derechos humanos vigente en México, de acuerdo con la respuesta oficial del Gobierno Federal a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviada a través de la Misión Permanente de México ante la Oficina de la ONU en Ginebra.
¿La ONU emitió alguna alerta, recomendación o condena contra el proyecto?
Según el documento remitido a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), los relatores especiales de la ONU no formularon conclusiones propias ni juicios de valor sobre la planta de fertilizantes ni solicitaron su cancelación.
La solicitud de información realizada por los relatores, identificada como la comunicación conjunta AL MEX 09/2025, fechada el 19 de septiembre de 2025, formó parte de un mecanismo institucional estándar del sistema de Naciones Unidas, cuyo objetivo es recabar información oficial de los estados, sin prejuzgar ni validar denuncias presentadas por terceros.
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¿De dónde surgieron los señalamientos que circularon públicamente?
El propio Estado mexicano reconoce que los planteamientos contenidos en dicha comunicación derivaron de denuncias y preocupaciones expresadas por opositores al proyecto en reuniones comunitarias realizadas en Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas, mismas que los relatores trasladaron a las autoridades únicamente para su aclaración, sin asumirlas como propias.
A pesar de ello, algunos medios difundieron encabezados y notas en las que se presentaron estas denuncias como si fueran advertencias directas de la ONU, incluyendo supuestos riesgos ambientales, falta de consulta indígena y presuntas agresiones a opositores, lo cual, según el informe oficial, no corresponde al contenido ni al alcance real de la actuación de los relatores.
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¿Cumple el proyecto con la normatividad ambiental y los derechos de las comunidades?
Se documentó que el proyecto fue sometido a un proceso de evaluación de impacto ambiental ante la Semarnat, cuenta con autorización ambiental condicionada vigente y se encuentra bajo supervisión permanente de Profepa.
Además, se llevó a cabo una consulta previa, libre e informada al pueblo mayo-yoreme conforme a estándares constitucionales e internacionales y en cumplimiento de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El informe también señala que los recursos legales promovidos fueron debidamente atendidos, lo que derivó en la reposición del procedimiento de consulta, así como en la implementación de medidas de prevención, mitigación y monitoreo ambiental en una zona considerada de alta relevancia ecológica.
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¿Existe actualmente una denuncia de la ONU contra la planta de fertilizantes en Topolobampo?
El Gobierno Federal aclaro que no existe ninguna denuncia ni pronunciamiento oficial de los relatores solicitando la cancelación del proyecto.
La narrativa que atribuye señalamientos directos de la ONU a la planta de GPO, subraya el documento, no se sostiene en información oficial y responde a una reinterpretación de denuncias no validadas.
GPO también ha publicado de manera abierta las comunicaciones y respuestas relacionadas con el caso, reforzando que el proyecto cumple con la legislación ambiental y el respeto a los derechos humanos en México.
