¡Estaba atrapado dentro de un muro! Rescatan con vida a mapache bebé en Mazatlán, Sinaloa
Mazatlán, Sinaloa.- En medio de un contexto marcado por delitos de alto impacto y casos de desaparición que mantienen en alerta a la población, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, aseguró que desde el Poder Legislativo se han impulsado reformas para fortalecer la seguridad y la actuación de la Fiscalía, aunque reconoció que aún no es suficiente.
Uno de los cambios recientes es el endurecimiento de penas por el delito de extorsión, que pasó de una penalidad de 4 a 12 años, a un rango de 15 a 25 años de prisión.
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¿Qué cambia con la reforma en materia de extorsión?
Guerra Ochoa explicó que la modificación no solo incrementa las sanciones, sino que amplía el marco normativo para proteger a las víctimas y comprometer a las instituciones, particularmente a la Fiscalía, a fortalecer capacidades tecnológicas.
Hay penas más severas y además comprometen más al sector público a trabajar para generar un marco de mayor seguridad, que evite que desde los centros penitenciarios estén saliendo estas llamadas de extorsión”, dijo.
Indicó que el crecimiento del entorno digital ha propiciado nuevas modalidades de extorsión, incluyendo engaños a través de plataformas y suplantación de identidades, por lo que la reforma busca cerrar brechas legales.
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¿Y qué pasa con las desapariciones y la identificación de restos?
Al abordar el tema de personas desaparecidas, la legisladora reconoció que Sinaloa ha vivido hechos dolorosos que “siguen abriendo heridas”, especialmente en la zona sur del estado.
Detalló que en el Congreso se han impulsado reformas en materia de identificación de restos, dignificación del trato a víctimas y fortalecimiento de derechos, así como iniciativas en proceso para mejorar los mecanismos de búsqueda y acompañamiento.
Sin embargo, admitió que aún existen rezagos, particularmente en capacidades periciales y pruebas de ADN.
En este tema de las desapariciones hemos ido como normativa de menos a más. No son suficientes los ajustes normativos que se han hecho, pero se han ido dando avances, nosotros mismos en el Congreso en temas de identificación de restos, en temas de dignificación de tratos, en tema de fortalecimiento de derecho de víctimas, estamos trabajando algunas iniciativas de reforma”, agregó.
La presidenta de la Jucopo enfatizó que el reto no solo es normativo, sino institucional, y que la Fiscalía y las instancias federales deben garantizar información clara y procesos eficaces para las familias que buscan a sus seres queridos.
En un estado donde la violencia y las desapariciones han marcado la agenda pública, el mensaje desde el Congreso es de avances legales, pero también de reconocimiento a una deuda pendiente con las víctimas y sus familias.
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