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Culiacán, Sin. – La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura este martes a seis nuevas iniciativas, de las cuales cuatro están directamente relacionadas con el delito de extorsión, destacando entre ellas la propuesta enviada por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien plantea la expedición de una ley exclusiva para prevenir, investigar y sancionar esta problemática en la entidad.
Durante la sesión pública, se informó que la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo estatal fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, así como a la Comisión de Justicia, para su análisis y dictaminación. En tanto, las otras tres iniciativas relacionadas con el mismo delito fueron turnadas únicamente a la Comisión de Justicia.
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¿Cuál es la iniciativa del gobernador Rubén Rocha Moya en materia de la creación de una ley para atender el delito de extorsión?
La propuesta del gobernador Rocha Moya plantea expedir la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión del Estado de Sinaloa, así como derogar el artículo 231 del Código Penal estatal, actualmente vigente en la materia. El objetivo central es establecer de manera clara las obligaciones y mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales, así como las reglas mínimas para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal de este delito.
La iniciativa busca armonizar la legislación local con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, publicada el 28 de noviembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, la cual otorgó a las legislaturas locales un plazo de 180 días naturales para adecuar su marco normativo, plazo que vence en mayo próximo.
La nueva ley propuesta se compone de 24 artículos distribuidos en cuatro capítulos y tres artículos transitorios. En el tercero de estos se establece que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado contará con 90 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del decreto, para emitir la Estrategia Estatal para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión.
Como parte de esta armonización, se plantea derogar el artículo 231 del Código Penal del Estado, el cual actualmente contempla penas de cuatro a doce años de prisión y multas de hasta 450 días, así como agravantes cuando el delito es cometido por servidores públicos o asociaciones delictuosas.
¿Qué otras diputadas o grupos parlamentarios también presentaron iniciativas para dar atención a este delito?
Iniciativa de la diputada Juana Minerva Vázquez González
La diputada de Morena presentó una iniciativa de reformas y adiciones al Código Penal del Estado para armonizarlo con la Ley General, incorporando un nuevo tipo penal de extorsión que contempla penas de 15 a 25 años de prisión, así como multas de hasta 500 UMAS. La propuesta incluye agravantes por el uso de tecnología, simulación de secuestro, afectaciones psicológicas y cuando las víctimas sean menores de edad, adultos mayores o personas migrantes, entre otros supuestos.
Iniciativa de la diputada Erika Rubí Martínez Rodríguez
También de Morena, la diputada Erika Rubí Martínez propuso reformar el artículo 231 del Código Penal estatal para aumentar las penas y establecer agravantes específicas. Su iniciativa plantea sanciones de cuatro años y seis meses a doce años de prisión, incrementables hasta en una mitad cuando las víctimas sean personas vulnerables, se emplee violencia física o psicológica, o participen personas armadas.
Iniciativa del Grupo Parlamentario del PAS
Finalmente, el Grupo Parlamentario del PAS, junto con las ciudadanas Emma Contreras Villapudua y Paula Liliana Díaz Quiñónez, propuso reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para crear una Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Extorsión, con el fin de concentrar recursos y personal capacitado, garantizando una persecución penal más eficaz y una atención integral a las víctimas.
Con estas propuestas, el Congreso del Estado avanza en el fortalecimiento del marco legal para enfrentar uno de los delitos que más impacto tiene en la seguridad y economía de las familias sinaloenses.
Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sinaloa
