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Culiacán, Sinaloa.- Con el objetivo de fortalecer la protección de la intimidad sexual en entornos digitales, el Grupo Parlamentario del PVEM en Sinaloa presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado que contempla como agravante el uso de la Inteligencia Artificial para la creación o manipulación de contenido sexual.
¿A qué obedece esta iniciativa?
La iniciativa surge en un contexto donde el avance tecnológico ha facilitado nuevas formas de violencia digital, entre ellas la creación de contenido íntimo falso mediante técnicas como los llamados “deepfakes”, la suplantación de identidad y la difusión no consentida de material sexual.
De acuerdo a datos del INEGI, más del 80 por ciento de la población en México utiliza el internet, y aunque este proceso de digitalización ha traído consigo beneficios innegables, también ha incrementado la vulnerabilidad frente al uso indebido de datos personales, como imágenes, audios y otros datos sensibles, alcanzando a amplios sectores de población, incluidos niñas, niños y adolescentes.
¿Han existido avances en esta materia a nivel nacional?
De acuerdo con lo expresado por los legisladores, si bien en México se han logrado avances importantes con la denominada Ley Olimpia en materia de violencia digital, esta no contempla de manera específica las nuevas modalidades derivadas del uso de las nuevas tecnologías como la IA.
Mencionaron que la inteligencia artificial, por su capacidad para crear, alterar, manipular y reproducir contenidos digitales, ya sean imágenes, videos y audios con apariencia realista, plantea desafíos grandísimos para la protección de los derechos humanos; por ello resulta necesario cerrar estos vacíos legales y garantizar una protección reforzada a las víctimas.
En este contexto, se pretende entonces añadir una fracción más al artículo 185 Bis E del Código Penal para el Estado de Sinaloa, para aumentar hasta en una mitad el mínimo y el máximo de una pena si el delito a la protección de intimidad sexual se cometió con el uso de Inteligencia Artificial.
Para concluir, los diputados aseguraron que la innovación tecnológica debe desarrollarse de forma compatible con la protección de los derechos humanos, particularmente aquellos relacionados con la dignidad, la privacidad y la identidad de las personas.
