Culiacán, Sinaloa.- La diputada Paola Gárate presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa con el propósito de cerrar espacios a la corrupción, fortalecer la transparencia y garantizar que los recursos destinados a infraestructura pública se ejerzan en beneficio de la ciudadanía.
¿Cuál es el objetivo de la propuesta?
La legisladora priista señaló que esta propuesta busca impedir que servidores públicos, sin importar su origen partidista, desvíen recursos que deben destinarse a obras para beneficio de la población sinaloense.
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Destacó que la iniciativa es resultado del trabajo conjunto de diputadas y diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, a partir de los hallazgos documentados por Iniciativa Sinaloa, los cuales revelan que 14 empresas y 11 grupos empresariales concentran el 57 por ciento de los recursos destinados a obra pública estatal.
Asimismo, indicó que tres agrupaciones de contratistas absorbieron más de 850 millones de pesos provenientes del financiamiento destinado a infraestructura municipal, situación que, afirmó, evidencia la necesidad de impedir que la opacidad y la corrupción conviertan el presupuesto público en un botín político y económico.
Estos datos no pueden archivarse como una denuncia más, obligan a este Congreso a actuar ya y de una vez por todas; la sociedad sinaloense no solo conoce los problemas, los documenta y sobre todo presenta propuestas viables en materia de combate a la corrupción”, indicó.
¿Qué medidas establece la iniciativa?
Entre los principales puntos de la reforma destaca el establecimiento de plazos exactos y obligatorios para la publicación de documentos esenciales relacionados con contratos de obra pública, incluyendo pagos reales, facturación, subcontrataciones y la identificación de quienes controlan las empresas contratistas, con el objetivo de transparentar la ruta del dinero público y facilitar la identificación de responsabilidades en casos de corrupción.
La iniciativa también contempla medidas para evitar la simulación de competencia en licitaciones, impedir que empresas catalogadas por el SAT como emisoras de facturas falsas participen en concursos de obra pública y establecer un límite del 20 por ciento del presupuesto para adjudicaciones directas, ya que la legislación vigente no contempla ningún tope en este rubro.
En materia de sanciones, la iniciativa plantea ocho nuevas infracciones tipificadas, multas de hasta el 15 por ciento del monto contratado, inhabilitaciones de tres a cinco años y la nulidad absoluta de contratos en los casos considerados más graves.
Finalmente, sostuvo que el Congreso del Estado enfrenta la decisión de permitir que continúen prácticas de opacidad y desvío de recursos o respaldar la iniciativa.
