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Culiacán, Sinaloa.- Integrantes del grupo de abogados de Gerardo Vargas Landeros, alcalde desaforado de Ahome, presentaron un documento en la oficialía de partes del Congreso del Estado mediante el cual buscan su restitución en el cargo.
¿Cuál fue el argumento de los abogados?
El abogado Luis Antonio Sánchez, mencionó que están solicitando el cese de la eficacia actual de la declaratoria de procedencia en observancia del parámetro de regularidad constitucional.
Detalló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en reciente fecha resolvió que para todos los mecanismos relacionados con investigaciones en donde participen recursos federales, la única encargada de la investigación es la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Lo que venimos nosotros a hacer es justamente a darles esta información al Congreso para que puedan en términos de parámetros de regularidad constitucional, reconsiderar las resoluciones que han emitido y cesar con los efectos de las investigaciones y en un momento dado el efecto constitucional y jurídico que pueda el licenciado Gerardo Vargas recuperar o tomar el puesto en la presidencia municipal de Ahome”, indicó.
Luis Antonio Sánchez
¿Cómo fueron auditados los recursos?
Cabe destacar que el arrendamiento de 126 unidades para la Policía Municipal por 171 millones de pesos se realizó con recursos federales, por lo tanto, correspondía a la Auditoría Superior de la Federación y no a la Auditoría Superior del Estado, como fue el caso.
“Que las cuestiones que tienen que ver con recursos federales no les corresponde auditar a los estados de la república, en algunos estados como Sinaloa donde la ASE estaba auditando recursos del orden federal”, mencionó.
¿Qué curso debe seguir el documento?
Asimismo, expusieron que el documento entregado este miércoles 13 de mayo en el Congreso del Estado deberá pasarse a comisiones y posteriormente al pleno para su discusión, no obstante, no hay fecha ni plazo definido para tal efecto.
Por último, señalaron que, si el Congreso del Estado no le da curso a esta solicitud, estarán acudiendo ante otras instancias para seguir los canales constitucionales que marca la Ley para la protección de derechos.
