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Culiacán, Sinaloa.- Trabajadores jubilados organizados en el Frente de Defensa de los Derechos Laborales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) rechazaron que las pensiones, prestaciones y salarios del personal retirado sean responsables de la crisis financiera que enfrenta la institución.
Durante una conferencia de prensa, los integrantes del Frente señalaron que existe incertidumbre sobre la situación económica de la universidad y cuestionaron que hasta el momento no se haya informado con claridad la magnitud del problema, su origen y las acciones concretas para resolverlo.
¿Qué cuestionan los jubilados sobre la crisis financiera?
Marco Antonio Medrano Palazuelos, integrante del Frente, señaló que, aunque no ponen en duda que la universidad atraviese dificultades económicas, consideran que la información disponible es insuficiente para conocer la dimensión real del problema.
Además, criticó que algunas de las medidas planteadas para enfrentar el déficit terminen afectando a trabajadores activos y jubilados.
Nosotros no somos parte del problema. Quienes lo generaron y quienes lo tienen manejando son efectivamente los administradores de la universidad. No podemos abrazar esa crisis si no conocemos la magnitud, el origen y la situación real que tiene”, expresó.
Marco Antonio Medrano Palazuelos, integrante del Frente de Defensa de los Derechos Laborales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
También señaló que las advertencias sobre una posible falta de recursos para cubrir salarios y prestaciones han generado incertidumbre entre la comunidad universitaria.
¿Qué señalan sobre los descuentos aplicados a jubilados?
Los integrantes del Frente sostuvieron que los descuentos realizados a jubilados y trabajadores no han contribuido a resolver los problemas financieros de la institución.
Por ello, rechazaron que este sector sea señalado como responsable de la falta de recursos para cubrir compromisos laborales.
Asimismo, calificaron esos descuentos como afectaciones a derechos previamente adquiridos y aseguraron que, pese a las medidas implementadas, continúan los señalamientos sobre la insuficiencia de recursos.
¿Qué opinan de la llamada reingeniería financiera?
Otra de las críticas planteadas por los jubilados fue la falta de información sobre la denominada reingeniería financiera anunciada por la Rectoría.
De acuerdo con Medrano Palazuelos, hasta el momento no se han dado a conocer documentos o mecanismos específicos que permitan evaluar en qué consiste dicha estrategia y cuáles serían sus efectos para superar el déficit presupuestal.
Los integrantes del Frente afirmaron que han solicitado información al respecto sin obtener una respuesta que les permita conocer los alcances del plan.
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¿Qué recursos piden aclarar?
Los jubilados también cuestionaron las recientes declaraciones del rector sobre un adeudo superior a los 500 millones de pesos correspondiente al ejercicio anterior.
En ese sentido, preguntaron cuál es la situación de más de 550 millones de pesos relacionados con carpetas de investigación que, aseguraron, se encuentran bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado.
Además, exigieron que dichos recursos sean reintegrados al patrimonio universitario en caso de que legalmente corresponda.
¿Qué señalaron sobre las aportaciones gubernamentales?
El Frente indicó que revisó información de la Plataforma de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde se registran diferencias entre los montos programados y las aportaciones estatales realizadas a la UAS durante 2026.
Según sus estimaciones, el incumplimiento acumulado en las ministraciones estatales asciende a 632 millones 177 mil 893 pesos.
Por ello, solicitaron que la Rectoría de la UAS, el Gobierno del Estado y la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal informen de manera clara cuál es la situación financiera real de la universidad y cuáles han sido los acuerdos establecidos para enfrentar el déficit presupuestal.
Finalmente, reiteraron que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para esclarecer el origen de la crisis financiera y evitar que se responsabilice a los jubilados por los problemas económicos que enfrenta la institución.
