Culiacán, Sinaloa.- Un juez federal determinó que las autoridades del orden federal que han sido omisas en otorgar seguridad a la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paola Gárate Valenzuela, deben brindarla de manera pronta y cumplida para que ella y su familia se encuentren resguardadas, se les brinde auxilio inmediato de seguridad en caso de requerirlo, así como rondines en su domicilio, entre otras.
¿Qué organismos deben atender esta medida?
Esta medida abarca desde la presidencia de la república, Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública nacional.
Estamos haciendo lo conducente dentro del marco legal. La razón nos asiste. Por eso vamos a seguir defendiéndola. Un juez federal decidió otorgarme la suspensión de plano y oficio para que se dictaran medidas para garantizar mi seguridad e integridad de mi persona y de mi familia, expuso.
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Esto derivado de la suspensión de la demanda de amparo indirecto presentado por la legisladora y su equipo jurídico para que se le otorgaran medidas de protección urgentes ante las amenazas e intimidaciones de las que ha sido objeto en Sinaloa.
¿Las dependencias están enteradas de la resolución?
Cada una de las dependencias mencionadas y sus titulares están enterados formal y legalmente del amparo, y están obligados al cumplimiento de la resolución, expresó la legisladora sinaloense.
La solicitud de seguridad se realizó nuevamente luego de que, pasado el 10 de junio, una corona fúnebre fue abandonada en la entrada del domicilio de la diputada local.
Esta resolución se da luego de que Paola Gárate respondió a las declaraciones emitidas por el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, quien señaló que no se le había brindado protección por no haber presentado la denuncia correspondiente, y afirmó que dicha información no correspondía a los hechos.
La legisladora sostuvo que desde el momento en que recibió una corona fúnebre en su domicilio, realizó las acciones legales necesarias y acudió personalmente ante las autoridades competentes.
La diputada recordó antecedentes de riesgo que ha denunciado públicamente: haber sido privada ilegalmente de la libertad durante el proceso electoral de 2021, amenazas con arma de fuego ocurridas el año pasado y, recientemente, el envío de una corona fúnebre a su domicilio.
