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Mazatlán, Sinaloa.- Un grupo de ciudadanos pertenecientes a la Alianza Nacional de Jubilados se manifestaron de manera pacífica en Mazatlán este viernes 12 de enero, con el objetivo de dar a conocer su postura e inconformidad con la reciente reforma al artículo 127 de la Constitución, o como se conoce “pensiones doradas“.

La manifestación que se llevó a cabo en las Letras de Mazatlán, se derivó de la ley impulsada por el Gobierno Federal, en la cual se busca que las personas jubiladas no ganen más que la persona que ostente el cargo de la Presidencia de México, lo cual se establece en alrededor de los 70 mil pesos.

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Rafael López, representante de este grupo en Mazatlán, declaró que esta reforma, además de ser discriminatoria, viene a afectar los derechos que por ley ganaron trabajadores de distintas instituciones federales, los cuales por contratos colectivos garantizaban una pensión legal y con base constitucional.

Eso pues vino a afectar a una gran cantidad de jubilados, muchos, la gran mayoría personas mayores de edad de las cuales están en todo el país, de diferentes empresas como Pemex CFE, Luz y Fuerza del Centro, Banobras, Bancomex, muchas instituciones, alrededor de 95 mil personas jubiladas en el país”, manifestó.

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¿Por qué es discriminatoria?

El manifestante explicó que dicha reforma es discriminatoria debido a que solamente es aplicada a algunas instituciones federales, mientras que personal de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial no entraron en esta reforma.

Indicó que estas manifestaciones seguirán en todo el país, mientras que en Mazatlán hay alrededor de 40 personas que están dentro de esta reforma y que prestaron más de 40 años al servicio del gobierno.

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¿Qué conlleva la reforma?

La reforma a las pensiones doradas es un cambio a la Constitución Mexicana (Artículo 127) que elimina supuestas jubilaciones millonarias o desproporcionadas de exfuncionarios públicos y altos mandos de empresas estatales como la CFE y Pemex. El objetivo principal de esta medida es establecer un límite máximo legal para que ninguna pensión del sector público supere la mitad del salario mensual de la presidenta de la República.

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