Mazatlán, Sinaloa.- El Ayuntamiento de Mazatlán buscará alcanzar un convenio para cumplir con la sentencia que obliga al Municipio a cubrir poco más de 13.6 millones de pesos derivados de la demanda relacionada con el estadio Teodoro Mariscal, informó el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.
El funcionario explicó que el Gobierno Municipal mantiene comunicación con la parte demandante y que el objetivo es establecer un acuerdo dentro de los procedimientos legales correspondientes, al señalar que la resolución judicial ya se encuentra firme.
Ríos Pérez precisó que el Ayuntamiento cuenta con una bolsa anual cercana a 90 millones de pesos destinada al pago de distintos litigios y demandas, de la cual alrededor del 65 por ciento ya ha sido ejercido.
¿Por qué demanda el club al Ayuntamiento?
El litigio se originó por los hechos ocurridos en 2018, cuando el estadio Teodoro Mariscal fue objeto del corte de los servicios de agua potable y drenaje, situación que derivó en afectaciones a la operación del inmueble y en la suspensión de actividades relacionadas con juegos de beisbol. La empresa promovió un juicio por los daños y perjuicios ocasionados, procedimiento que finalmente concluyó con una sentencia firme en contra del Ayuntamiento.
Ríos Pérez sostuvo que el origen del acto reclamado correspondió al corte del suministro realizado por Jumapam; sin embargo, explicó que la demanda fue dirigida contra el Municipio y que el juez ya no aceptó modificar esa condición durante el proceso.
Hay una cantidad que cada año se pone para pagos de demandas, previendo que se tiene todo un listado y es una demanda más a la que se le da tratamiento como a las demás demandas que se están pagando. Está obligado (a pagar), de 17 millones de pesos, que es lo que venía; quedó en 13 millones y fracción”, dijo.
¿Habrá investigación por posibles omisiones?
Respecto a las solicitudes para investigar posibles responsabilidades de exfuncionarios, Ríos Pérez señaló que esa facultad corresponde al Órgano Interno de Control, instancia que cuenta con autonomía para revisar si existieron omisiones administrativas dentro del procedimiento.
Indicó que la legislación permite revisar actuaciones de servidores públicos de administraciones anteriores dentro de los plazos que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas.
El secretario añadió que, por el momento, el Ayuntamiento continúa atendiendo el proceso jurídico y concentrará sus esfuerzos en negociar un convenio que permita cumplir la sentencia sin dejar de atender las demás obligaciones financieras que enfrenta el Municipio.
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