Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado de Sinaloa dio primera lectura al dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado, con el objetivo de fortalecer el derecho a una vivienda adecuada mediante un enfoque de igualdad, inclusión y perspectiva de género, priorizando la atención de los sectores en condición de vulnerabilidad.
¿Qué plantea esta propuesta?
La propuesta, elaborada por la Comisión de Vivienda, plantea modificaciones a distintos artículos de la legislación vigente para establecer mecanismos que garanticen un mayor acceso a programas de vivienda para mujeres, especialmente jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores, así como integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Entre los principales cambios se incorpora el reconocimiento de la vivienda como un área prioritaria para el desarrollo económico, social y cultural del estado, por lo que el Poder Ejecutivo deberá impulsar políticas públicas en coordinación con los sectores social y privado.
El dictamen también define por primera vez el concepto de “grupos en situación de vulnerabilidad”, incluyendo a personas con discapacidad, jefas de familia de bajos ingresos, adultos mayores y comunidades indígenas y afromexicanas.
Asimismo, se proponen nuevos lineamientos para que la política estatal de vivienda fortalezca la coordinación con los municipios, promueva la participación de comunidades ubicadas en zonas de alta marginación y garantice que los programas se orienten con base en indicadores oficiales.
¿Qué obligaciones tendría el estado?
Otra de las modificaciones incorpora el artículo 54 Bis, mediante el cual se establece la obligación del Estado de diseñar e implementar acciones con perspectiva de género para asegurar el acceso a una vivienda digna, privilegiando la atención de mujeres en situación de vulnerabilidad, en particular aquellas que son jefas de familia.
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De igual forma, el dictamen reforma diversos artículos para incluir expresamente los principios de no discriminación y perspectiva de género, además de ampliar los sectores prioritarios que deberán ser considerados en los programas de financiamiento y acceso a la vivienda.
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