Culiacán, Sinaloa.- La presidenta de Coparmex Culiacán, Martha Elena Reyes Zazueta, afirmó que la iniciativa presentada en su momento por la Intercamaral para apoyar a las víctimas del robo de vehículo fue aprobada por el Congreso del Estado sin un análisis profundo, lo que derivó en una reforma con disposiciones que, aseguró, limitan su aplicación y dejan fuera a la mayoría de las personas afectadas.
Reyes Zazueta recordó que la propuesta impulsada por la Intercamaral buscaba evitar que las víctimas fueran revictimizadas al tener que cubrir gastos derivados de la recuperación de sus vehículos, como pensiones, servicios de grúa y diversos trámites administrativos. Sin embargo, sostuvo que durante el proceso legislativo se incorporaron condiciones que redujeron el alcance de la iniciativa.
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Nosotros como Intercamaral pusimos una ley para que a la víctima de robo no se le cobrara toda la administración por ser víctima, para que no se le revictimizara. La aprobaron, pero con sus bemoles; no nos leyeron las letras chiquitas y al final no quedó como se planteó originalmente”, expresó.
¿Qué observaciones hizo la Intercamaral a la reforma aprobada?
Para explicar las limitaciones de la reforma, el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Julio Alfonso Castro López, señaló que las modificaciones realizadas a la Ley de Hacienda del Estado y a la Ley de Atención a Víctimas dejaron fuera la mayoría de los casos de robo de vehículo.
Explicó que la exención del pago por pensión y arrastre únicamente aplica cuando las unidades recuperadas permanecen en depósitos de tránsito municipales; sin embargo, precisó que en la práctica la mayoría de los vehículos son enviados a corralones privados, donde los propietarios continúan pagando esos servicios.
Añadió que, aunque la reforma contempla beneficios relacionados con la reposición de placas y licencias, los mecanismos para acceder a ellos aún no están claramente definidos.
¿Por qué consideran que la reforma no cumple con el objetivo original?
Castro López indicó que otro de los puntos que limita la reforma es que la Ley de Atención a Víctimas establece que los apoyos económicos solo proceden para delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, supuesto que, dijo, no corresponde al robo de vehículo.
Además, señaló que el presupuesto de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas difícilmente alcanzaría para cubrir los gastos de las miles de personas afectadas por este delito en Sinaloa.
El abogado sostuvo que estas condiciones evidencian que la iniciativa aprobada no fue analizada a profundidad durante el proceso legislativo, ya que, aunque conserva el objetivo original planteado por la Intercamaral, contiene disposiciones que dificultan su aplicación en la mayoría de los casos.
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¿Qué acciones anunció la Federación de Abogados de Sinaloa?
Durante la misma conferencia, Castro López informó que la Federación de Abogados de Sinaloa interpuso un juicio de amparo para que el Congreso del Estado entregue la información relacionada con la licencia temporal solicitada por el gobernador.
Explicó que el pasado 9 de junio solicitaron conocer los fundamentos jurídicos y los documentos que respaldaron dicha autorización; sin embargo, aseguró que hasta el momento el Poder Legislativo no ha respondido la petición.
Precisó que el juicio ya fue radicado ante un Juzgado de Distrito y que solicitarán que la autoridad federal.
