Culiacán, Sinaloa.– Con el propósito de fortalecer la protección de los derechos de la infancia y garantizar una atención especializada a las víctimas menores de edad, la diputada de Morena, Arely Berenice Ruiz López, presentó una iniciativa para crear la Fiscalía Especializada en Delitos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes dentro de la estructura de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Las diputadas y diputados dieron segunda lectura a la iniciativa y la turnaron a la Comisión de Justicia para que elabore el dictamen correspondiente.
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¿Qué plantea esta propuesta?
La propuesta plantea reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para incorporar esta nueva fiscalía especializada, que tendría como función investigar y perseguir los delitos cometidos contra menores de edad bajo un enfoque de derechos humanos, protección integral e interés superior de la niñez.
En la exposición de motivos, la legisladora argumenta que tanto la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como la legislación estatal obligan a las autoridades a prevenir, atender y sancionar cualquier forma de violencia contra este sector de la población, incluyendo abuso sexual, violencia familiar, trata de personas, homicidio, corrupción de menores y otros delitos.
¿Cuántos menores de edad viven en Sinaloa?
La iniciativa destaca que, de acuerdo con el Sistema Estatal de Información de Niñas, Niños y Adolescentes, en Sinaloa viven 902 mil 580 personas menores de 18 años, mientras que datos del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) señalan que durante 2025 se registraron 2 mil 269 delitos cometidos en agravio de menores de edad.
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Entre los ilícitos con mayor incidencia se encuentran la violencia intrafamiliar, con 743 casos; abuso sexual, con 395; lesiones dolosas, con 394; privación de la libertad, con 245; y violación, con 226. Culiacán encabezó la incidencia con 696 casos, seguido de Ahome con 467 y Mazatlán con 433.
La diputada señala que actualmente la Fiscalía General del Estado no cuenta con una unidad especializada para atender exclusivamente estos delitos, por lo que considera necesario armonizar la legislación local con las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
De aprobarse, la nueva fiscalía tendría atribuciones para ordenar medidas de protección física y psicológica para las víctimas, asumir su representación legal cuando sea necesario, integrar equipos interdisciplinarios con ministerios públicos, psicólogos, trabajadores sociales, peritos y policías de investigación especializados, además de implementar programas permanentes de capacitación y mecanismos de supervisión que garanticen el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
