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Mazatlán, Sinaloa._ El regidor del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Parada Valdivia, informó este jueves 16 de julio, en Mazatlán, Sinaloa, que presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento para que se investigue la actuación de los servidores públicos que participaron en las decisiones relacionadas con el conflicto legal entre el Gobierno Municipal y el Club Venados, proceso que concluyó con una sentencia que obliga al municipio a pagar más de 13 millones de pesos, además de intereses y actualizaciones.

El edil sostuvo que el objetivo es determinar responsabilidades por acciones u omisiones que ocasionaron un daño al patrimonio público.

Parada Valdivia explicó que la investigación deberá esclarecer si existieron decisiones contrarias al marco jurídico, negligencia en la defensa legal del Ayuntamiento, omisiones en la supervisión del caso o actos que permitieron que el litigio avanzara hasta convertirse en una millonaria condena económica.

Un diálogo, o un convenio o un acuerdo con las partes antes de la demanda como se estaba solicitando, nos pudiera haber evitado, una, el proceso y, obviamente, la sentencia de más de 13 millones que hay que pagar ahorita. Que hay que decirlo, son más de cinco millones de pesos de puros intereses. Entonces, es mucho dinero el que ahorita los mazatlecos tenemos que pagar por culpa de unas acciones de funcionarios irresponsables que esas acciones las realizaron sin tomar en cuenta el marco jurídico, expresó.

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¿Qué busca la denuncia presentada por el regidor?

El panista afirmó que la intención no es señalar a una persona en particular, sino identificar a todos los funcionarios que intervinieron en el proceso y determinar si incurrieron en responsabilidades administrativas o patrimoniales.

Recordó que el conflicto surgió en 2018, cuando la administración municipal ordenó el corte del suministro de agua al estadio de beisbol por un adeudo y, posteriormente, negó servicios relacionados con la seguridad para la realización de juegos, hechos que derivaron en la demanda promovida por el particular.

En la administración del Químico, que él ordena el corte del agua potable al estadio por un adeudo. Esto no lo invento yo. Es público, ustedes lo pueden checar ahí. Se hacen declaraciones también, muy a la ligera, de robo de agua y muchas cosas más. Y bueno, también se toman acciones en negarle al particular el cobro o el pago de Seguridad Pública para que pueda realizar los juegos en el estadio, como normalmente se hace, y, ante esa negativa, el particular exige una reparación del daño, manifestó.

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¿Quién debe responder por el daño económico?

El regidor sostuvo que no es justo que los ciudadanos sean quienes absorban las consecuencias de decisiones equivocadas tomadas por exfuncionarios.

Indicó que, además de los más de 13 millones de pesos establecidos en la sentencia, el Ayuntamiento deberá cubrir alrededor de cinco millones de pesos adicionales por intereses y actualizaciones, recursos que saldrán del presupuesto municipal.

Finalmente, anunció que también presentará el caso ante la Auditoría Superior del Estado y adelantó que dará seguimiento permanente a la carpeta de investigación para evitar que el asunto quede impune o prescriba con el paso del tiempo.

¿Quién presentó la denuncia por el caso Venados?

El regidor del PAN en Mazatlán, Sinaloa, Felipe Parada Valdivia, informó que interpuso la denuncia ante el Órgano Interno de Control.

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¿Qué busca la investigación?

Determinar si hubo omisiones, negligencia o decisiones indebidas de servidores públicos que provocaron el daño económico al Ayuntamiento.

¿Cuánto deberá pagar el Ayuntamiento?

La sentencia contempla más de 13 millones de pesos, además de intereses y actualizaciones que incrementan el monto total.

¿Qué hechos originaron el litigio?

El conflicto se derivó de decisiones tomadas en 2018 relacionadas con el corte del suministro de agua al estadio y otras acciones administrativas que, posteriormente, fueron impugnadas.

¿Qué otras acciones anunció el regidor?

Presentará el caso ante la Auditoría Superior del Estado y vigilará que el Órgano Interno de Control avance en la investigación para sancionar a quienes resulten responsables.

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