Los Mochis, Sinaloa.- Durante una conferencia de prensa, integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acompañados por el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), Óscar Loza Ochoa, dieron a conocer el pliego petitorio con el que buscan evitar afectaciones a las pensiones de miles de trabajadores jubilados derivadas de la reforma al artículo 127 constitucional publicada el pasado 10 de abril de 2026.
La organización solicitó formalmente la intervención de los organismos defensores de derechos humanos para que se investigue una posible vulneración a los derechos de los pensionados y se promuevan acciones legales y constitucionales que impidan la aplicación de medidas que, aseguran, representan un retroceso en materia de derechos adquiridos.
¿Qué están solicitando concretamente los jubilados de la CFE?
La petición entregada contempla la admisión inmediata de la queja, la apertura de un expediente de investigación, la emisión de medidas cautelares para impedir cualquier reducción o tope a las pensiones, la protección de los datos personales de los pensionados, un pronunciamiento público contra la estigmatización del gremio y la promoción de una acción de inconstitucionalidad respecto a la reforma constitucional.
Asimismo, pidieron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhorte a las autoridades federales a abstenerse de aplicar de manera retroactiva la reforma y que se reconozca la condición de vulnerabilidad económica de las personas jubiladas, en su mayoría adultos mayores.
El exsuperintendente de la CFE, Luis Humberto Soto, sostuvo que desde hace varios años la empresa había realizado previsiones financieras para garantizar el pago de las pensiones, por lo que consideró injustificada la aplicación de nuevas medidas que afecten esos derechos.
La Comisión Federal de Electricidad ya se había preparado desde el 2008 para que las pensiones no fueran una carga al erario público, es decir, ya se estaban tomando las medidas necesarias para lo que eso representara, entonces eso también fue algo desconcertante para nosotros. Otra de las consecuencias que causa este efecto, estas medidas, esta aplicación de esta reforma, es una desmotivación. Al perder esa certeza jurídica se está creando una incertidumbre en la ciudadanía, en el empresario nacional, en el empresario internacional, lo cual desmotiva las inversiones”, expresó durante su intervención.
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¿Cuál fue la postura de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa?
El presidente del organismo, Óscar Loza Ochoa, explicó que la CEDH no tiene facultades para emitir medidas cautelares contra autoridades federales; sin embargo, confirmó que el expediente será integrado y remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para su atención.
Loza Ochoa recordó que en un Estado de Derecho debe prevalecer el respeto a los derechos adquiridos y al principio de no retroactividad de la ley, además de señalar que el acompañamiento institucional incluirá un posicionamiento público respaldado por los elementos jurídicos presentados por los jubilados.
Nosotros, ante este problema, lo he dicho, es una comisión estatal. Nosotros obviamente ponemos a disposición de la Comisión Nacional para que ella pueda ver lo pertinente, porque es también federal. En este país, además de recurrir a las instancias legales, amparos y todo eso, es el movimiento social. Si alguna de las dos cosas falla, no va a ser posible salir adelante. Hay que hacer una buena defensa legal, pero hay que movilizarse. Así es. Son las dos cosas que hay que hacer. Es lo que en este país históricamente se ha probado que puede funcionar”, manifestó Óscar Loza Ochoa.
El titular de la CEDH informó que el documento fue recibido formalmente y que el procedimiento de investigación estatal iniciará de inmediato para, posteriormente, remitir el expediente a la Comisión Nacional, instancia competente para conocer de actos atribuidos a autoridades federales.
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¿Qué sigue para este movimiento nacional de jubilados?
Los representantes de la Alianza Nacional de Jubilados de la CFE adelantaron que continuarán promoviendo acciones legales y sociales en distintas entidades del país, además de acudir ante congresos locales, legisladores y organismos públicos de derechos humanos para fortalecer su estrategia de defensa.
Luis Humberto Soto afirmó que el movimiento mantendrá su presencia pública hasta lograr que las autoridades reconsideren la aplicación de la reforma, al sostener que se trata de la protección de derechos laborales conquistados durante décadas de servicio.
Los integrantes de la organización agradecieron el respaldo expresado por la CEDH de Sinaloa y el acompañamiento ofrecido por su presidente, al considerar que el respaldo institucional contribuirá a visibilizar una problemática que, aseguran, afecta a pensionados de todo el país y que requiere una respuesta desde el ámbito jurídico y de derechos humanos.
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