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Culiacán, Sinaloa.- La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paola Gárate, anunció que presentará una iniciativa de reforma para sancionar las precampañas anticipadas que pretendan ocultarse bajo otras denominaciones, al considerar que estas prácticas vulneran la legalidad, la equidad electoral y el derecho de la ciudadanía a elegir en condiciones de igualdad.
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¿Qué representan las llamadas “coordinaciones” en Morena?
Durante un posicionamiento ante el Pleno del Congreso del Estado, la legisladora priista afirmó que el reciente proceso de designación de los llamados “coordinadores de la defensa de la cuarta transformación” de Morena representa, en los hechos, el inicio anticipado de campañas políticas.
Les cambiaron el nombre solo para burlar la ley. No les llaman candidatos, les llaman coordinadores; no les llaman precampañas, tramposamente les llaman defensores de la transformación. Pero el fondo es exactamente el mismo, campañas adelantadas a cielo abierto”, indicó.
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¿Están establecidos los tiempos para las campañas?
La diputada sostuvo que la legislación electoral establece con claridad los tiempos para el desarrollo de las precampañas, por lo que advirtió que cualquier estrategia orientada a adelantarlas genera ventajas indebidas y debilita la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Asimismo, cuestionó el origen de los recursos económicos que hacen posible este tipo de actividades políticas durante varios meses antes del inicio formal del proceso electoral.
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La legisladora también manifestó su preocupación por un posible uso político de los programas sociales, al señalar que estos constituyen derechos de la ciudadanía y no instrumentos para condicionar apoyos o promover proyectos partidistas.
Como parte de su posicionamiento, anunció que en los próximos días presentará, junto con ciudadanos, especialistas y organizaciones, una iniciativa para fortalecer la legislación estatal y sancionar a quienes realicen actos anticipados de campaña bajo cualquier denominación que pretenda eludir la ley.
Finalmente, señaló que Sinaloa enfrenta desafíos mucho más urgentes en materia de seguridad, desarrollo económico y bienestar social, por lo que consideró indispensable que la actividad política se conduzca con legalidad, ética y respeto a las instituciones.
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