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Culiacán, Sinaloa.– El diputado Pedro Lobo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución de Sinaloa con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas, combatir la impunidad y proteger los recursos públicos.
¿Qué contempla la propuesta?
La iniciativa plantea que los titulares de ayuntamientos, organismos e instituciones cuyas cuentas públicas sean reprobadas por el Congreso del Estado sean separados temporalmente de sus cargos hasta que solventen las observaciones y reparen el daño al erario.
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El legislador señaló que la propuesta busca corregir una situación en la que, a pesar de que el Congreso rechaza una cuenta pública, los funcionarios responsables continúan desempeñando sus funciones mientras se desarrollan los procedimientos administrativos correspondientes, sin enfrentar una consecuencia inmediata.
Presentamos una iniciativa para que, cuando se revisen las cuentas públicas, todo presidente, presidenta o titular de alguna institución cuyas cuentas sean reprobadas por este Congreso pueda ser suspendido del cargo hasta que repare las observaciones que dieron origen a la reprobación de su cuenta pública”, indicó.
Recordó que actualmente la Auditoría Superior del Estado revisa las cuentas públicas de los entes fiscalizables y envía los informes al Congreso del Estado, donde la Comisión de Fiscalización y el Pleno determinan si estas son aprobadas o reprobadas. No obstante, señaló que el marco legal vigente no contempla una medida cautelar que impida a los funcionarios permanecer en el cargo mientras se solventan las irregularidades detectadas.
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“Pero en el caso de los de los que no se aprueban, simplemente no sucede nada y ya hemos tenido casos muy específicos en dos sexenios que fue con Malova y con Quirino, que dejaron al estado endeudado con 17 mil millones de pesos y justamente esto es porque no hay un candado en las cuentas públicas públicas” mencionó.
¿Qué consecuencias ha traído la falta de sanciones?
Añadió que la ausencia de consecuencias inmediatas ha permitido que en administraciones pasadas persistieran prácticas que afectaron las finanzas públicas, por lo que consideró necesario fortalecer el marco jurídico para hacer más efectiva la fiscalización y garantizar un manejo responsable de los recursos públicos.
