Culiacán, Sinaloa.– Un grupo de ciudadanos presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar del Estado de Sinaloa, con el propósito de crear las Brigadas Escolares como un mecanismo institucional para prevenir, detectar y atender casos de violencia y acoso en las escuelas de educación básica.
¿Qué representa la violencia escolar?
En la propuesta se argumenta que la violencia escolar representa un problema estructural que afecta la salud mental, el rendimiento académico y la permanencia de niñas, niños y adolescentes en las aulas.
Sigue leyendo: Levantar tapas de alcantarillado para que se vaya el agua más rápido termina siendo contraproducente: Japac
Los promoventes señalan además que en México siete de cada diez estudiantes han presenciado o sufrido acoso escolar, mientras que más de 3.3 millones de adolescentes han sido víctimas de esta problemática.
Las consecuencias de la violencia escolar no se limitan a eventos aislados de agresión, diversos estudios demuestran que las víctimas tienen mayor probabilidad de sufrir ansiedad, depresión, baja, autoestima, transtornos de estrés, postraumático, aislamiento y deterioro de rendimiento académico”.
¿Qué plantea la iniciativa?
La iniciativa plantea que en cada plantel de educación básica se integre una Brigada Escolar conformada por el director o un representante, tres padres de familia, dos docentes y el psicólogo o trabajador social del plantel. En los casos donde no exista este personal, se propone incorporar al menos tres pasantes de servicio social de carreras como Psicología, Trabajo Social, Medicina Pediátrica o áreas afines.
Te puede interesar: Se declaran listos papeleros de Sinaloa para el arranque del canje de útiles escolares
Entre las atribuciones de estas brigadas destacan la implementación de acciones preventivas, el seguimiento al Programa Estatal de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar, la detección y reporte de casos de violencia, la gestión de atención psicológica, jurídica y médica para las víctimas, así como la aplicación de medidas disciplinarias conforme a la ley.
Los promoventes argumentan que este modelo ya ha sido implementado en entidades como Chihuahua, Morelos, Nayarit, Puebla, Colima, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, donde ha contribuido a mejorar el clima escolar y prevenir la deserción.
