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Culiacán, Sinaloa.- Ciudadanos organizados y empresarios anunciaron la segunda edición de la marcha “Culiacán, Ponte de Pie”, una manifestación con la que exigirán paz y justicia al cumplirse dos años del inicio de la coyuntura de inseguridad en la entidad.
¿Cuándo se llevará a cabo la marcha?
La marcha se llevará a cabo el próximo domingo 13 de septiembre, en punto de las 08:00 de la mañana. Partirá de La Lomita con rumbo a Catedral, en Culiacán.
Los organizadores mencionaron que esta será la segunda edición de la movilización. En la primera participaron alrededor de 60 mil personas y, en esta ocasión, se espera superar esa cifra.
Miguel Taniyama, integrante del comité organizador de la movilización, expuso que con su participación en la marcha, la ciudadanía demostrará su descontento ante la falta de resultados por parte del gobierno en turno.
Demostrar el repudio a un gobierno que ha sido insensible, a un gobierno que no ha podido ni ha sabido ponerse a la altura de nosotros, los ciudadanos en Sinaloa; a un gobierno que pactó con la delincuencia y no con nosotros. Es nuestra gran oportunidad y los ciudadanos, el 13 de septiembre, doblamos la apuesta de que somos nosotros, y no ellos, quienes vamos a cambiar el destino de todos los sinaloenses”, indicó.
“Culiacán, Ponte de Pie”;
¿La marcha es un proceso político?
Puntualizó que esta marcha se realizará en ejercicio de la libertad de movilización y que además, constituye un proceso político ciudadano para manifestar inconformidades.
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La marcha, su proceso político, es un proceso político de los ciudadanos, es un proceso de democracia y de libertad de los ciudadanos. Así que pueden ponerlo con todas sus letras: la marcha sí es un proceso político; claro que no es electoral, pero sí político, y vamos por ellos”, expuso.
Asimismo, hizo un llamado a organizaciones ciudadanas de otros municipios a replicar esta movilización en sus respectivos lugares de origen, con el propósito de fortalecer la exigencia de seguridad.
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Por último, expuso que la seguridad es un elemento que debe garantizar el gobierno, mientras que a la ciudadanía le corresponde exigir que este derecho se cumpla.
