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Los Mochis, Sinaloa.- Ante el nuevo escenario que se ha generado alrededor del proyecto de la planta de fertilizantes en Topolobampo, el sector empresarial de Los Mochis llamó al Gobierno Federal a asumir su responsabilidad y encontrar una salida al conflicto, luego de que su propio representante señalara que algunas personas estarían boicoteando el Plan de Conservación Ambiental de la Bahía de Ohuira.
Mario Zazueta Félix, presidente del Consejo Empresarial Restaurantero (CER) e integrante del organismo intercamaral de Los Mochis, consideró que el tema ya rebasó las competencias municipales y estatales, debido a que por las características y dimensiones del proyecto corresponde principalmente al Gobierno Federal garantizar que se cumplan las disposiciones ambientales, laborales y de seguridad.
¿Qué debe hacer entonces la autoridad federal ante el señalamiento de que existen personas que están tratando de frenar el Plan de Conservación Ambiental?
El representante empresarial, dijo que, si el Gobierno Federal tiene elementos para afirmar que existen acciones de boicot, también tiene las facultades para intervenir y corregir cualquier situación que esté obstaculizando el proceso.
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Zazueta Félix señaló que es responsabilidad de las autoridades federales generar las condiciones para que exista gobernabilidad y se pueda definir el futuro de la inversión.
Si el gobierno federal lo afirma, también tiene el correctivo. O sea, ¿Qué hacen con los agricultores que se manifiestan en las casetas? O sea, si el gobierno federal afirma que hay esa conducta, pues que el Gobierno Federal la corrija, digo, si ya se atreven a hacer un señalamiento de esa escala, pues entonces saben cómo resolverlo. Pues es gobernabilidad”, sostuvo.
El dirigente empresarial consideró, que si la autoridad federal ha llegado al punto de señalar públicamente que existen acciones para boicotear el plan ambiental, entonces también debe contar con los mecanismos institucionales para atender la situación y evitar que el conflicto continúe escalando.
¿Y qué pasa si efectivamente la empresa cumple con todos los requisitos que establece la legislación?
En ese sentido, insistió en que el tema debe resolverse mediante la gobernabilidad y no dejarse exclusivamente en manos de las comunidades, los productores, los organismos empresariales o los diferentes grupos que participan en la discusión.
Uno de los principales planteamientos del sector empresarial es que, si la empresa responsable del proyecto cumple con las disposiciones legales y ambientales que le corresponden, el Gobierno Federal debe garantizar las condiciones para que pueda continuar con la inversión.
Zazueta Félix fue claro al señalar que, en ese escenario, la autoridad debe brindar certeza jurídica y permitir que las inversiones puedan ejecutarse, independientemente de que se trate de un proyecto de gran magnitud o de una inversión menor.
El empresario recordó que el Estado tiene la obligación de hacer cumplir las leyes y determinar si una compañía cumple o no con las normas correspondientes.
