Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó con 34 votos, 0 en contra y 6 diputados que no emitieron su voto, un dictamen que plantea endurecer las sanciones contra quienes recluten a niñas, niños y adolescentes para involucrarlos en actividades delictivas, además de establecer medidas especiales para su protección y recuperación.
¿Qué propone la reforma?
La reforma contempla modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal de Sinaloa, con el propósito de reconocer y atender de manera integral a los menores que sean víctimas de este tipo de conductas.
De acuerdo con el dictamen, quienes incurran en el delito de reclutamiento de de menores para actividades ilícitas podrán ser sujetos de penas de 10 a 20 años de prisión, además de una multa de 800 a mil 600 días.
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La diputada Elizabeth Ramlrez Tirado, comentó que la protección de niñas, niños y adolescentes constituye una de las responsabilidades del estado, el interés superior de la niñez obliga a colocar su bienestar y desarrollo al centro de las decisiones que se tomen desde las instituciones públicas.
Este tema cobra una relevancia particular en Sinaloa, durante los dos últimos años nuestro estado ha atravesado una situación de violencia que ha afectado la vida cotidiana de miles de familias y que también ha colocado a nuestras niñas, niños y adolescentes frente a mayores riesgos y condiciones de vulnerabilidad” indicó.
Las modificaciones a la legislación de protección de menores contemplan la incorporación de protocolos especializados para identificar de manera oportuna posibles casos de reclutamiento, así como brindar atención psicológica, facilitar la reinserción social y promover mecanismos de justicia restaurativa para las víctimas.
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¿Qué agravantes están consideradas?
En el Código Penal se establece que también será sancionado quien realice el reclutamiento mediante terceras personas. Asimismo, las penas podrían incrementarse hasta en una mitad cuando el responsable sea familiar de la víctima o tenga bajo su responsabilidad su guarda, custodia o educación.
El agravante también aplicaría cuando el responsable sea servidor público o cuando la víctima se encuentre en situación de calle.
