Culiacán, Sinaloa.- La diputada de Morena, Erika Rubí Martínez Rodríguez, presentó una iniciativa para fortalecer en Sinaloa el marco jurídico contra la violencia vicaria con nuevas agravantes, medidas de protección y sanciones para quienes utilicen a hijas, hijos o personas cercanas para causar daño a una víctima.
¿En qué consiste la violencia vicaria?
De acuerdo con la iniciativa, esta conducta consiste en utilizar a terceras personas, particularmente hijas e hijos, como medio para provocar afectaciones físicas, psicológicas, emocionales, patrimoniales o de cualquier otra índole a una víctima directa.
La violencia vicaria es una forma de violencia familiar en contra del núcleo familiar, en especial de las mujeres y las y los hijos que consiste en la utilización de interpósitas personas para ocasionar cualquier tipo de daño a una persona, constituyendo una vulneración a su integración física y emocional, esa violencia regularmente ocurre en el hogar donde la madre o padre utilizan a las y los hijos para que otras personas sufra un daño, mayormente psicológico”, indicó.
Entre las conductas que buscarían reconocerse se encuentran la sustracción de menores sin orden de autoridad, amenazas para impedir la convivencia, manipulación de niñas, niños y adolescentes para generar rechazo hacia la víctima y la dilación intencional de procesos judiciales para romper vínculos familiares.
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¿Qué sanciones se establecerían?
La propuesta contempla penas de tres a ocho años de prisión y de 100 a 300 días multa, además de tratamiento psicológico o terapéutico especializado y reparación del daño.
Las sanciones podrían aumentar hasta una tercera parte cuando existan agravantes, como reincidencia, afectaciones contra menores, personas con discapacidad, adultas mayores o embarazadas, uso de sustancias, participación de varias personas, corrupción de servidores públicos o cuando se provoque el suicidio de la víctima o de sus hijas e hijos.
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Además, se plantea establecer medidas de protección inmediatas y sanciones de tres a seis años de prisión para servidores públicos que obstaculicen deliberadamente o por negligencia la procuración o administración de justicia en estos casos.
La iniciativa deberá continuar su proceso legislativo antes de ser sometida a consideración del Pleno del Congreso del Estado.
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