Guasave, Sin.- La disposición de llantas recolectadas durante las jornadas de descacharrización sería el principal problema que llevó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a clausurar un predio de 10 hectáreas propiedad del Ayuntamiento de Guasave, reconoció la alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya.
La presidenta municipal informó que la clausura se realizó el pasado 26 de septiembre y señaló que, aunque personal de la dependencia federal colocó los anuncios correspondientes en el terreno, el Ayuntamiento no había recibido una notificación oficial al respecto.
Explicó que el municipio ha utilizado ese espacio para depositar residuos derivados de las jornadas de descacharrización, principalmente llantas, cuyo manejo requiere una disposición diferente a la basura convencional que se traslada al relleno sanitario con el que el Gobierno Municipal mantiene un contrato.
Vamos a platicar todos los involucrados, Servicios Públicos, Ecología, con Jurídico, para buscar otro lugar donde disponer de las llantas, porque precisamente creo que ese es el grave problema que estamos teniendo ahí, declaró.
Ramírez Montoya indicó que buscarán alternativas para el manejo de estos materiales y recordó que el año pasado ya habían sostenido pláticas con la Profepa por la misma situación.
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El predio sí es del Ayuntamiento
La alcaldesa aclaró que el predio pertenece al Ayuntamiento, pero descartó que pueda convertirse en un relleno sanitario debido a que se encuentra cerca de un centro de readaptación y, según dijo, no reúne las condiciones necesarias para ese propósito.
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Guasave sí necesita un basurero municipal
En cuanto al manejo de los residuos sólidos del municipio, señaló que actualmente el Ayuntamiento paga más de dos millones de pesos mensuales por el servicio de disposición de basura, un gasto que consideró elevado, por lo que también analizan opciones para contar con un espacio propio.
Entre las alternativas mencionó la posibilidad de construir una celda que tendría un costo aproximado de 20 millones de pesos y permitiría disponer de la basura durante al menos dos años. Sin embargo, agregó que continúan evaluando posibles ubicaciones ante la oposición que ha existido en algunas comunidades.
