Ataque armado en fraccionamiento Alborada deja tres muertos y un herido grave en Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició dos investigaciones de oficio por los hechos violentos registrados el jueves 8 y viernes 9 de octubre en el penal de El Castillo, en Mazatlán, que dejaron 12 personas fallecidas, incluido un niño de dos años, informó Erick Alberto Tiznado Sánchez, jefe de la Oficina Regional Sur del organismo, en entrevista exclusiva con Los Noticieristas.

El funcionario advirtió que lo ocurrido evidencia posibles omisiones y deficiencias de las autoridades penitenciarias para garantizar la seguridad dentro del reclusorio, mientras madres y esposas de internos denuncian amenazas y exigen información sobre sus familiares.

Nosotros tenemos ya dos quejas, dos investigaciones de oficio, estamos hablando de violaciones a derechos humanos graves, la pérdida de la vida, agresiones a personas y bueno, también la pérdida de la vida de un pequeñín que nada tenía ver con lo acontecido y bueno, nuestra investigación se tiene que realizar y obviamente la obligación primero es pedirle información a la autoridad penitenciaria”, señaló.

Erick Alberto Tiznado Sánchez, jefe de la Oficina Regional Sur de la CEDH

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¿Qué investigará la Comisión de Derechos Humanos?

Tiznado Sánchez explicó que las investigaciones buscan esclarecer posibles violaciones graves a los derechos humanos, entre ellas la pérdida de vidas y las agresiones contra personas privadas de la libertad.

La CEDH solicitará información a las autoridades penitenciarias y a la Fiscalía General del Estado para conocer qué ocurrió y quiénes podrían ser responsables.

El jueves 8 de octubre una balacera dejó 10 personas muertas, entre ellas un menor que visitaba a su padre.

Este viernes 9 de octubre, la Fiscalía reportó otros dos internos fallecidos por heridas de arma punzocortante.

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¿Qué pasa con las familias que denuncian amenazas?

El funcionario reconoció que las familias tienen derecho a conocer el estado de sus seres queridos y pidió a las autoridades penitenciarias utilizar áreas como Trabajo Social para brindar información individualizada.

El tema de lo que ha sucedido ha alterado los ánimos tanto de las familias, como de las personas que están ahí acordonando, dando seguridad en el lugar. Es un derecho de las familias ser informadas, es un derecho natural que ellas tienen de ser informadas. Es lógica su inquietud de saber si su familiar está con bien, si no ha padecido o sufrido algún problema. Aquí el llamado a la autoridad penitenciaria por medio de su equipo es que informen”, subrayó, ante las denuncias de intimidaciones y la incertidumbre por las condiciones dentro del penal.

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¿El penal ya había presentado problemas?

El jefe regional señaló que existen antecedentes de observaciones sobre las condiciones penitenciarias y mencionó la sobrepoblación como uno de los problemas que afectan a los centros estatales.

La CEDH continuará dando seguimiento al caso y exigirá información clara para las familias.

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