Mazatlán, Sinaloa._ La exsíndica procuradora de Mazatlán, Sinaloa, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, fue sancionada con tres meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos y participar en contrataciones gubernamentales, luego de que el Órgano Interno de Control determinara que incumplió su obligación de iniciar el procedimiento para elegir al titular de esa misma instancia.
La resolución fue emitida el 29 de septiembre de 2026, dentro del expediente OIC/AS/28/2025, a partir de una denuncia presentada en 2025 por el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Sinaloa que encabeza Gustavo Rojo Navarro.
De acuerdo con la organización, la sanción deriva de la omisión de publicar una convocatoria pública para seleccionar al titular del Órgano Interno de Control pese a que el procedimiento estaba establecido en la normativa municipal.
¿Por qué fue sancionada la exfuncionaria?
Observatorio Ciudadano explicó que el 25 de septiembre de 2023 se publicó el Decreto Municipal número 37, que incorporó el artículo 48 Bis al Reglamento de Gobierno del Ayuntamiento y estableció un proceso público de selección basado en transparencia, igualdad de oportunidades y mérito.
El nombramiento del titular anterior concluía en octubre de ese año, pero, según la organización, la entonces síndica procuradora no inició el procedimiento correspondiente.
El 3 de noviembre de 2023, el Observatorio le solicitó por escrito cumplir con esa obligación.
Al no obtener respuesta en los términos requeridos, presentó la denuncia ante el órgano de control.
¿Qué tipo de falta administrativa se acreditó?
El Órgano Interno de Control determinó que Cárdenas Díaz incurrió en una falta administrativa no grave, prevista en el artículo 49, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, según el comunicado ciudadano.
¿La sanción ya es definitiva?
El Observatorio precisó que la resolución puede ser impugnada y anunció que solicitará información sobre su firmeza y cumplimiento.
La organización sostuvo que el caso evidencia que las responsabilidades administrativas pueden exigirse incluso después de que una persona deja el servicio público.
