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Culiacán, Sinaloa.- La diputada de Morena, Erika Rubí Martínez Rodríguez, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Sinaloa y sancionar con prisión a quienes empleen a menores de edad en espacios públicos o en condiciones que pongan en riesgo su integridad y desarrollo.
La propuesta plantea modificar el artículo 274 para establecer penas de tres a seis años de cárcel y multas de 250 a 550 días a quienes incurran en estas prácticas.
La iniciativa busca ampliar la protección legal de niñas, niños y adolescentes para evitar que actividades económicas informales, como las realizadas en calles y otros espacios públicos, queden fuera de las sanciones por explotación laboral.
La presencia de menores de edad realizando labores económicas en espacios públicos no debe entenderse o normalizar como una dinámica neutral, o meramente informal, sino como una situación que las expone a accidentes, violencia o explotación por parte de terceros”, indicó.
¿Qué sanciones se proponen para padres o tutores?
El proyecto también contempla penas de seis meses a dos años de prisión para padres o tutores que permitan que los menores bajo su responsabilidad sean empleados en establecimientos prohibidos, espacios públicos o actividades que pongan en riesgo su integridad física y emocional.
Además, propone suspender o inhabilitar hasta por cinco años determinados derechos de quienes incurran en estas conductas.
La legisladora argumentó que el trabajo infantil puede exponer a los menores a accidentes, violencia, afectaciones a su educación y riesgos para su desarrollo integral.
¿Cuántos menores trabajan en Sinaloa?
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022, citados en la iniciativa, en Sinaloa había 53 mil 799 niñas, niños y adolescentes en ocupaciones no permitidas, de los cuales 26 mil 826 realizaban actividades peligrosas.
La propuesta también busca considerar como empleo las actividades realizadas por menores cuando exista aprovechamiento, control, inducción o beneficio directo o indirecto por parte de terceros.
El análisis de impacto presupuestal del Congreso estatal concluyó que la iniciativa no generaría costos adicionales para las dependencias públicas.
