Congreso espera resolutivo del Cabildo sobre licencia de Juan de Dios Gámez, para intervenir: Jucopo
Los Mochis, Sinaloa. – El presidente de Canacintra Los Mochis, Roberto Junior Miranda Lagarda, confió en que antes de concluir 2026 pueda alcanzarse un acuerdo entre habitantes de comunidades de la sindicatura de Topolobampo y la planta de GPO, para destrabar el conflicto y dar paso a los proyectos industriales de la región.
¿Qué avances existen para resolver las diferencias?
El dirigente señaló que, durante la reunión del fin de semana con la gobernadora Graciela Domínguez y funcionarios, se informó sobre avances en las mesas de diálogo, donde autoridades y empresa han escuchado las demandas comunitarias, principalmente sobre servicios públicos y beneficios para los habitantes.
Además de los planteamientos ambientales y ajustes de ingeniería, los habitantes buscan que el desarrollo industrial mejore sus condiciones de vida.
Nos comentaron que han avanzado bastante en socializar y en atender también tanto gobierno como la iniciativa privada. Escuchar y ver el sentir y el que ocupa la ciudadanía y específicamente esa parte donde está la planta, los vecinos que tienen. Van avanzando positivamente y entienden también el malestar de, igual atendiendo a razón de las peticiones que están haciendo, pero también es un tema social que ellos también quieren ese desarrollo en su comunidad y creo que es algo muy loable y válido”, expresó.
¿Qué representa resolver el conflicto para la región?
Miranda Lagarda consideró que es importante para dar certeza a inversionistas interesados en establecerse en Sinaloa. La incertidumbre puede frenar proyectos y empleos.
Nosotros estimamos que cierre el año ya positivamente todo este tema y que pudiera empezar a avanzar ya iniciando el año. No nada más esa planta, sino hay una incertidumbre o es el sentir de inversionistas foráneos. Si se puede o no se puede entrar a Sinaloa a invertir. Entonces sí tenemos que hacer ese llamado y poner muy claro que sí es posible y que estamos de brazos abiertos para recibirlos, pero también que tienen que cumplir con los lineamientos en temas ambientales, en temas sociales, en temas económicos y todos los permisos que se lleven a cabo”, sostuvo.
¿Hay confianza de que el acuerdo llegue antes de terminar el año?
El líder empresarial dijo que esa es la expectativa, luego de que se plantearan apoyos estatales para atender rezagos de agua, drenaje, electricidad, vivienda y educación en comunidades de Ohuira y alrededores. Aclaró que los recursos públicos anunciados son independientes de los compromisos sociales de la empresa.
Miranda Lagarda insistió en que el objetivo es lograr un acuerdo que atienda a los habitantes, proteja la bahía y permita iniciar las inversiones, con respeto a las demandas comunitarias y a la normatividad.
